La coherencia no parece ser la virtud cardinal del actual Ejecutivo. Apenas tres meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara con gran pompa un Real Decreto-ley para prohibir el comercio de armas con Israel, la realidad económica ha pasado por encima de la propaganda. Bajo el pretexto de evitar el «menoscabo de intereses generales», el Consejo de Ministros ha activado la letra pequeña de su propia ley para permitir la importación de material bélico israelí, tal y cómo ha denunciado el digital eldiario.es.
El pasado 23 de diciembre, mientras el país se preparaba para la tregua navideña, Moncloa publicaba una resolución que contradice todo el relato oficial de los últimos meses. El Gobierno ha dado luz verde a transferencias de material de defensa y tecnologías de «doble uso» procedentes de Israel. Lo que en septiembre se presentó como un gesto de firmeza moral contra el genocidio en Gaza, ha terminado siendo una prohibición con excepciones a la carta.
La justificación utilizada por el gabinete de Sánchez es el impacto en la industria aeronáutica, concretamente en Airbus. Según la referencia oficial, los componentes israelíes son «indispensables» para la viabilidad de proyectos clave como el A400M o el SIRTAP. Resulta revelador que el Ejecutivo admita ahora que no existen alternativas tecnológicas a los productos de Israel, desmontando así la viabilidad técnica del embargo que ellos mismos diseñaron.
Esta decisión deja en una posición comprometida a los socios de coalición del PSOE, que han hecho de la ruptura total con Tel Aviv su principal bandera internacional. La activación de la cláusula de excepcionalidad demuestra que, para Sánchez, la retórica ideológica termina donde empiezan los intereses de las grandes corporaciones. La «viabilidad económica» y el «empleo de alta cualificación» han pesado más que las convicciones que el Gobierno decía defender hace solo 90 días.
El oscurantismo rodea, además, los detalles de estas transacciones. La referencia del Consejo de Ministros evita especificar qué tipo de productos se están adquiriendo o con qué empresas armamentísticas israelíes se han firmado los acuerdos. Esta falta de transparencia es habitual en un Ejecutivo que prefiere gestionar las contradicciones lejos del escrutinio público para no enfadar a sus bases más radicalizadas.
Desde un punto de vista estratégico, el Gobierno reconoce implícitamente la dependencia tecnológica de España respecto a la industria militar israelí. Al calificar estos componentes como «imprescindibles», el Ministerio de Defensa admite que la soberanía industrial española está ligada a los mismos proveedores que hoy están bajo el foco de su propia censura política. Es la paradoja de un país que condena en los foros internacionales lo que compra en los despachos oficiales.
El impacto industrial de los modelos citados —A400M, A330MRTT, C295 y SIRTAP— es innegable para la economía nacional. Sin embargo, lo que se cuestiona es el uso de un decreto moralista para después perforarlo con excepciones de conveniencia. Esta forma de legislar, basada en el titular rápido y la rectificación silenciosa, se ha convertido en la marca de la casa de la actual legislatura.
El cinismo político alcanza aquí su máxima expresión: se mantiene vigente un decreto contra el comercio de armas con Israel mientras se firman las autorizaciones para seguir nutriendo a nuestra industria con su tecnología. El ciudadano asiste a un teatro donde el guion dice una cosa y los hechos, publicados discretamente en la web de Moncloa, dicen la contraria.
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