En medio de una pandemia sanitaria que golpea con dureza a los ciudadanos, y con unas consecuencias económicas devastadoras, en Cataluña los partidos separatistas no ponen sobre la mesa de negociación del nuevo Govern los problemas reales de los ciudadanos catalanes.
Este próximo viernes se ha convocado un pleno de investidura, que todo hace indicar acabará siendo fallido, ya que Pere Aragonès no cuenta todavía con el apoyo de JxCAT y este jueves sabremos si las bases de los antisistema de la CUP aprueban el acuerdo de sus líderes. Muchas voces ayer se alzaron contrarias al mismo.
El principal escollo para que JxCAT invista como presidente a Pere Aragonès es que Esquerra acepte conceder a Carles Puigdemont un rol preponderante en la nueva legislatura. El prófugo exige a los republicanos que asuman la hoja de ruta del Consell per la República, ese proyecto de Govern paralelo que dirige desde Bélgica para evitar que sus movimientos puedan ser abortados por la Justicia española.
El fugitivo Carles Puigdemont exige un papel de «autoridad nacional» que le permita seguir en el foco mediático desde su mansión de Waterloo, algo que por el momento en Esquerra se resisten a concederle.
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