Comentario editorial de elCatalán.es
Una cosa debería estar clara, tanto en Barcelona como en Madrid: es indecente multar a nadie por rotular y etiquetar en español en España. Y en Cataluña se está imponiendo una dictadura lingüística que persigue al español, una lengua tan catalana como el catalán.
Los últimos casos han sido los de Lego y Playmobil, que merced a una denuncia de Plataforma por la Lengua, una entidad que se dedica a hostigar a comerciantes y empresas que no usan el catalán, van a ser investigados por la Generalitat y podrían ser sancionadas.
Si la Generalitat desea potenciar la lengua catalana en el mundo empresarial, tiene todo el derecho del mundo, si los partidos que la gobiernan así lo expresan en sus programas electorales y son refrendados por los ciudadanos, a ofrecer incentivos económicos para su uso en este ámbito, tanto en el etiquetaje, como la rotulación, o para otras funciones.
Se puede considerar que el dinero público podría tener mejores usos, pero en todo caso es legítimo potenciar, mediante medidas positivas, que no punitivas, el uso de lenguas con menor número de hablantes que el español, como es el caso del catalán.
Lo que es una inmoralidad es sancionar por usar la lengua española en España. Y es una vergüenza que los sucesivos gobiernos de España lo hayan permitido.
Y aquí no se puede tirar con bala contra Pedro Sánchez porque la situación es muy anterior, y tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Mariano Rajoy miraron hacia otro lado y las han permitido durante años.
Hasta el prestigioso semanario económico británico The Economist denunció en un reportaje la imposición de multas lingüísticas. Pero ahí siguen, como una espada de Damocles que la Generalitat puede aplicar según les venga en gana a sus responsables políticos.
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