Cerni Escalé, el jefe de la oposición en Andorra, ha declarado al diario ‘DigitalAndorra‘ que el Gobierno ha de sancionar ya a los comercios y empresas que no garanticen la atención «de forma reiterada» en catalán, excluyendo así al español de este tipo de negocios.
Escalé es el presidente del grupo parlamentario de Concòrdia, que cuenta con seis de los veintiocho escaños de la cámara andorrana. También aseguró que harán un seguimiento detallado de todos los expedientes sancionadores que abra la administración, y argumenta que «es imprescindible normalizar que los incumplimientos tienen consecuencias».
«Han pasado nueve meses desde la aprobación de la ley y ya no hay excusas. El catalán ha de estar siempre disponible en la atención al público, en las cartas de los restaurantes y en los documentos como presupuestos o facturas», declaró a dicho medio. Y pidió al Gobierno que actúe con «firmeza».
Para la oposición andorrana atender en español en los comercios ha de «tener consecuencia». Este es clima de hispanofobia que Plataforma per la Llengua, que hace unas semanas abrió una delegación en este país, está sembrando en un país que vive, en buena medida, del turismo español. Recordemos que esta entidad espió en qué lengua hablaban los niños en los patios escolares en Cataluña sin pedir permiso ni informar a los padres.
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