La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) denuncia que en septiembre de 2022 se reunió con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. El TSJC consideraba que la ley lingüística que ese año aprobó el Parlament vulneraba el Estatuto de Autonomía y varios artículos de la Constitución y la llevó al Tribunal Constitucional.
Esta asociación le pidió Gabilondo que «planteara al Tribunal Constitucional la urgencia de dar resolución a este tema por el número de alumnos afectados. Se comprometió a estudiarlo». Y tres años después han recordado esta petición e informan que «aquí seguimos esperando» ante la inacción del Defensor del Pueblo, que ha ignorado su petición.
Desde su fundación, la AEB ha sido más que una asociación de padres y ciudadanos preocupados. Se ha convertido en una referencia imprescindible para quienes reclaman una educación integradora, que no excluya a nadie por razones lingüísticas. Con datos, recursos legales y una narrativa firme pero respetuosa, la entidad ha sabido ganarse un espacio en el debate público y jurídico, desafiando el dogma monolingüe imperante en la escuela catalana.
Uno de los grandes logros de la Asamblea ha sido visibilizar lo que durante años fue un tabú: que en demasiadas escuelas públicas el castellano, lengua oficial en Cataluña y materna para la mayoría del alumnado, estaba siendo relegado a un papel casi decorativo. Frente a esa realidad, la AEB ha actuado sin estridencias, pero con una contundencia jurídica que ha forzado a la administración a rendir cuentas ante los tribunales.
Ana Losada, presidenta de la organización, ha sido clave en este proceso. Con una mezcla de firmeza y pedagogía, ha dado voz a miles de familias que durante años sintieron que hablar en castellano en Cataluña era casi un acto de rebeldía. Su papel como interlocutora pública ha contribuido a desmontar estigmas y a mostrar que defender el bilingüismo no es ir contra el catalán, sino a favor de una convivencia real, donde ambas lenguas se respeten y convivan sin imposiciones.
La entidad no sólo ha llevado casos concretos a los tribunales —obteniendo importantes resoluciones a favor de un reparto equitativo entre catalán y castellano—, sino que ha acompañado a familias en un proceso que muchas veces ha sido solitario y lleno de incomprensiones. Piden algo tan básico como que se cumpla la ley y que ningún niño sea discriminado y también puedan recibir educación en castellano. En tiempos de polarización, la AEB ha demostrado que se puede hacer activismo con rigor, sin sectarismos y con un profundo sentido democrático.
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