El diario ‘El Mundo’ ha revelado que la Generalitat que dirige Pere Aragonès ha enviado un escrito a los centros educativos catalanes titulado «Documentos para la organización y gestión de los centros. Curso 2022-23» en los que se advierte a las direcciones de las escuelas que el catalán «no es solo una lengua objeto de aprendizaje», sino «la lengua de la institución y, por tanto, la de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general».
Se exige a los centros que el catalán no sea solo la lengua de la docencia, también la que se usa en las actividades extraescolares o en el comedor, o en las interacciones entre profesores y alumnos. Este continuo intento por ERC y Junts de expulsar el español, la lengua más hablada en Cataluña, de las enseñanza es la enésima prueba del supremacismo lingüístico de los partidos separatistas.
No solo eso, ERC y Junts están violando desde hace años los derechos lingüísticos y civiles de centenares de miles de niños castellanoparlantes, así como del personal docente y no docente que también es castellanoparlante, al prohibir el uso de su lengua materna en los centros escolares. La necesidad de una ola cívica y democrática contra los supremacistas secesionistas, y sus compañeros de viaje, comienza a ser una necesidad apremiante.
El abuso de la inmersión lingüística en Cataluña por parte del separatismo no favorece la «cohesión social», como argumentan, dado que es una imposición dictatorial por parte de una panda de fanáticos que niegan la diversidad lingüística que existe en Cataluña.
Es necesario que el Gobierno de España tome ya cartas en el asunto para defender los derechos civiles de los castellanoparlantes. Y si no lo hace, urge un cambio en Moncloa. Si no lo quiere hacer Pedro Sánchez, que lo haga otro presidente del Gobierno que sí quiera plantar cara al supremacismo de ERC y Junts.
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