¿Dónde está Pedro Sánchez?

Ayer, 31 de mayo de 2022, se ha consumado un nuevo desafío a la legalidad y al orden constitucional por parte del Gobierno de la Generalitat. Un desafío que está a la altura de los órdagos que ya nos hizo la banda de Puigdemont y Junqueras en aquellos meses de septiembre y octubre de 2017 que muchos parecen haber olvidado ya, especialmente aquéllos que más deberían acordarse.

En aquel momento, los nacionalistas utilizaron contra el orden constitucional los instrumentos legales y potestades de las administraciones pública que controlaban (y que secuestraron para defender sus intereses). Utilizaron la capacidad legislativa del Parlament como arma, haciendo leyes manifiestamente contrarias a la Constitución y al ordenamiento y desobedeciendo de forma chulesca al Tribunal Constitucional.

Hizo falta una intervención contundente de todos los resortes del Estado para pararles, y pese a que la aventura acabase con Puigdemont dentro de un maletero dejando tirados a todos sus conmilitones, ha sido una de las mayores crisis que España ha vivido en las últimas décadas.

Entre los que parece que ya se han olvidado de la costumbre del nacionalismo de utilizar las instituciones como si fuesen su cortijo particular está, sin lugar a dudas, el Presidente del Gobierno de la Nación; y lo peor de todo, parece que no va a mover ni una pestaña para hacer nada.

Y es especialmente grave: tenemos a una Comunidad Autónoma que está haciendo normas con rango legal para incumplir una Sentencia que declara una situación jurídica (la inmersión lingüística, que conlleva tratar al castellano como una lengua extranjera en el sistema educativo catalán); una Comunidad Autónoma que, de forma consciente y pública, intenta anular una Sentencia del Poder Judicial abusando del principio de legalidad (como los jueces están sometidos al mismo, utilizo la Ley para someterlos irregularmente.

Es una situación gravísima: la Generalitat, de nuevo, está destruyendo la separación de poderes y triturando la Constitución, de forma consciente, mediante leyes. Ahora, como en 2017, Pedro Sánchez tendría que actuar de forma inmediata: impugnar dichas normas ante el Tribunal Constitucional, y pedir la suspensión cautelar de dichas normas. Y si, como es su costumbre, la Generalitat sigue pasando de todo y sigue con sus triquiñuelas, utilizar el artículo 155 de la Constitución para intervenir las competencias de enseñanza en Cataluña.

Mientras eso no ocurra, vamos a seguir siendo entidades de ciudadanos quienes nos tengamos que enfrentar a la Generalitat, con las limitaciones que tenemos y con todo el daño que se sigue produciendo cada día que pasa.

Por eso deberíamos empezar a pedir a todos los diputados del Congreso, a todos los partidos y a todos los políticos de nuestro país (incluido el PSOE, que estoy seguro que fuera de Cataluña, y hasta en la propia Cataluña, son conscientes del grave problema que tenemos) que se mojen de una vez y se alcance un pacto de País (pero de País de verdad, de España) para hacer frente al nacionalismo y solucionar de una vez el problema de la inmersión, utilizando toda la fuerza del Estado de Derecho para ello. Una reacción igual a la que ya hubo en 2017, porque estamos ante lo mismo otra vez: una administración delincuente que usa leyes para cometer delitos.

Ángel Escolano es presidente de Convivencia Cívica Catalana

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