El pasado miércoles 15 de abril la ministra de educación Isabel Celaá propuso a los Consejeros de Educación que establezcan una promoción de curso generalizada de todo el alumnado de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Se trata de un gran error educativo dado que se ha transmitido al alumnado la idea de que va a ser promocionado de curso, aunque no haya alcanzado los conocimientos establecidos. Si los Consejeros de Educación la aceptaran, gran parte del alumnado se esforzaría mucho menos y a su profesorado le resultaría muy difícil conseguir que siga el ritmo de trabajo que hasta ahora ha mantenido de forma telemática.
Por otro lado, la propuesta de la ministra Celaá contradice la legislación vigente, que es la establecida por el Real Decreto 562 de 2017. Se trata del decreto mediante el cual, el anterior ministro de educación, el señor Íñigo Méndez de Vigo, estableció que no se realizaran las “evaluaciones finales de etapa” de la LOMCE y que es el único caso en nuestra historia, en el que un ministro de educación congeló el cumplimiento de la ley de su propio partido.
En dicho Real Decreto se establece que para obtener el título de la ESO, como máximo se pueden tener dos materias con evaluación negativa, que para obtener el título de Bachillerato es necesario tener todas las materias con evaluación positiva, que en ambos títulos debe aparecer la nota final con dos decimales, que dicha nota es la media de las calificaciones de las asignaturas, las cuales se obtienen a partir de las notas de todas las tareas realizadas por el alumno. Y lo que es más importante, “que para obtener el título es preciso que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes”. Es decir, que es el equipo docente reunido en Junta de Evaluación y nadie más, ni el Ministro ni el Consejero de Educación, el que tiene la potestad y la responsabilidad de valorar si un alumno obtiene o no el título de ESO, de Bachillerato o de FP. Y mientras esto no se cambie, el profesorado ha de seguir haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora, porque lo contrario sería una ilegalidad.
Además, si se aceptara la propuesta de la ministra Celaá, se acabaría con la existencia de un único sistema educativo en toda España, ya que dicha propuesta permite que cada Comunidad Autónoma pueda establecer un número diferente de materias pendientes con las que se puede promocionar de curso u obtener un título. Debido a ello, ante un alumno procedente de otra comunidad autónoma en la cual existe un criterio de promoción más laxo, cada comunidad debería establecer un sistema de convalidación de cursos y de títulos, como actualmente hace el Ministerio de Educación con los alumnos que proceden de otros países.
Como profesionales de la educación pedimos a todos nuestros compañeros docentes que rechacen la promoción generalizada propuesta por la ministra Celaá y que sigan haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora, es decir que continúen esforzándose en el uso de las diferentes formas de enseñanza telemática, en la enseñanza de su uso al alumnado, en la creación de nuevas formas de evaluación a distancia y en la incentivación del alumnado para alcanzar los objetivos del curso. Y a las Consejerías de Educación les pedimos que encuentren soluciones para aquellos alumnos que no disponen de ordenadores y que posibiliten el acceso gratuito a internet a los que lo necesiten, y que confíen en la labor del profesorado y en el esfuerzo del alumnado. También les pedimos que no caigan en la tentación de ejercer presiones sobre los docentes para conseguir falsos aprobados, porque eso sería un perjuicio para el alumnado y para el país.
Para conseguir que el máximo número de alumnos supere el curso, debería haber exámenes de septiembre para los alumnos con asignaturas pendientes. Y para ayudarles, si el próximo mes de julio vuelven a ser posibles las clases presenciales, los centros deberían ofrecerlas. Si pese a todo ello en septiembre, a causa del confinamiento, hay más alumnos repetidores que en otros años, lo que se debería hacer es invertir más recursos en plazas escolares para alumnos repetidores, porque lo peor que se puede hacer con un alumno con déficits académicos, es promocionarlo a un nivel en el que no puede aprovechar lo que en él se enseña. Decir que un alumno puede realizar un curso con muchas materias pendientes del curso anterior es una falacia, porque ni podrá aprovechar las clases del curso superior, ni podrá asistir a las clases del curso inferior, que es donde se enseña lo que no sabe. En conclusión, que la enseñanza se puede salvar si no se desautoriza al profesorado.
Barcelona, abril de 2020
Antonio Jimeno. Presidente del Sindicato de profesores AMES
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