Deconstruir con pedagogía

Mentiría si dijese que me sorprendió el titular aunque la noticia debería desconcertar a todo aquel que la lea: “La Justicia obliga a la UAB a inscribir a una agrupación de jóvenes en el directorio de colectivos”.

Sí, ciertamente, tendría que sorprendernos y preocuparnos el hecho de que la rectora de una Universidad pública como la UAB, que debería ser ejemplo de tolerancia y pluralismo, deniegue la inscripción de una agrupación de jóvenes en el directorio de colectivos.

Porque es una decisión trascendente, tomada en nombre de una institución y ante la cual cualquiera se preguntaría: ¿cuáles son las acciones llevadas a cabo por este colectivo de jóvenes que avalan a la rectora de esta universidad para que deniegue su inscripción?

Estos jóvenes lo único que han hecho ha sido instalar carpas informativas o actos para difundir sus ideas, actividades que han sido recibidas con gritos por parte de un grupo de intolerantes, que han destrozado los materiales, quemado banderas o rociado con extintores a los estudiantes que allí se encentraban difundiendo su pensamiento.

Estas acciones violentas a otros estudiantes son lo que perjudica la convivencia y la imagen de una Universidad, máxime cuando esa acción es permitida con el silencio cómplice de quien tiene la responsabilidad de guardar y hacer guardar el civismo, la tolerancia y la libertad en la promoción y el respeto de los principios y valores constitucionales. Libertad de expresión, libertad ideológica. En una palabra: libertad. Lo lógico, lo normal, lo deseable en una Universidad. Porque lo que no se puede consentir es que una minoría bien organizada condicione el normal funcionamiento de la vida universitaria.

Pero insisto, no me sorprende el titular, porque en Cataluña llevamos un tiempo, ya demasiado largo, donde la realidad supera la ficción, donde se intenta normalizar lo irreal, lo esperpéntico, lo contrario a lo razonable y lo que es peor, lo contrario a los intereses de los ciudadanos.

Se intenta normalizar que los políticos independentistas primero ignoren la ley y luego desobedezcan las resoluciones judiciales, que el dinero público se destine a quimeras como la independencia y que algunos diputados en el Parlament, en lugar de trabajar para buscar soluciones a las dificultades de la gente pierdan el tiempo buscando ideas que solo pueden desembocar en problemas.

Hemos tenido la ocasión de ver en los últimos meses innumerables ejemplos, el último de ellos en el pleno del día 28 de marzo con la retirada por parte de JxC, ERC y la CUP del punto en que se podía haber aprobado la devolución de la paga extra del año 2012 a los funcionarios catalanes. El Diputado de JxCat, Marc Solsona, pidió “tranquilidad porque ya tendremos tiempo de aprobarlo”. Nueva tensión en las relaciones con el resto de España, nueva tensión en la sociedad catalana.

Igual que la innecesaria tensión creada en una Universidad, en el segmento joven de la sociedad, al denegar al grupo de jóvenes de SCC la inscripción en el directorio de colectivos de la UAB. La reacción era de esperar; este grupo para evitar una discriminación intolerable ha tenido que acudir a la justicia en defensa de sus derechos. Y en principio les han dado la razón por vulneración de derechos fundamentales. Hay que apelar a la responsabilidad de la rectora, antes, durante y después de estas iniciativas.

Tampoco ayuda que algunos representantes políticos no se unan a cuestiones básicas para una sociedad democrática, libre y moderna, como el rechazo a la violencia y a comportamientos coactivos. En nada contribuye que los representantes de JxC, ERC, CUP y PODEMOS voten en contra de la propuesta que hizo Ciudadanos (Cs) en el Parlament para la condena de actos vandálicos, insultos, agresiones, acosos y señalamientos de “persona non grata” a quien no piensa igual, porque el mensaje que se está dando a las nuevas generaciones es erróneo para la construcción de una sociedad cívica, pacífica y dialogante.

Tenemos que implicarnos todos desde nuestro ámbito porque hay mucho trabajo por delante, mucha pedagogía que hacer, mucho que deconstruir para volver a construir.

En Cataluña urge tocar con los pies la tierra, dejar de perder oportunidades, hacer política conciliadora y recuperadora de la estabilidad económica y la credibilidad internacional. En definitiva: es necesario hacer política útil para todos ciudadanos.

María Valle es diputada de Cs en el Parlament de Catalunya

no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya ni de otros organismos públicos.
Si quieres leer nuestras noticias necesitamos tu apoyo.

DONA

Recibe las noticias de elCatalán.es en tu correo