Decir es ya hacer

«Con frases no se ataca al Estado», ha sentenciado Carmen Calvo para exculpar la amenazante propuesta de Quim Torra: «No nos tenemos que defender de nada, hemos de atacar al Estado español». Nos aclara Calvo que «la política no se hace con frases, sino con hechos». Precisa que «cualquier medida constitucional requiere hechos jurídicos», o sea, que, mientras no haya «hechos jurídicos probados», Quim Torra y, por tanto, cualquier ciudadano, puede decir lo que quiera, donde quiera y como le dé la gana.

Echemos abajo la mitad del Código Penal y, de paso, la Ley de Memoria Histórica y la de Igualdad de Género. Si con frases no se puede «atacar» a nada ni a nadie, ¿a qué vienen todas esas leyes que pretenden condenar hasta un piropo?

«Cabalgar» estas contradicciones es, por lo visto, algo normal y legítimo. Tampoco suscita inquietud el comprobar que la vicepresidente siga al pie de la letra la doctrina de Rajoy y el PP de «no intervención» en el caso de los constantes insultos y amenazas del independentismo catalán. Pero es que toda esta doctrina de la inhibición está invalidando, de hecho, el propio Estado de Derecho.

Cuánto se echa de menos que juristas y abogados del Estado levanten la voz para desenmascarar la falacia jurídica que esgrime con cierta insolencia la vicepresidente.

Porque no: es absolutamente falso e insostenible que con palabras no se pueda atacar. Sí, se puede atacar, ofender, insultar, amenazar, injuriar, intimidar, dominar, humillar… Con palabras, amenazas y engaños se puede incluso reducir la voluntad de una persona, inducirla a cometer un crimen y hasta a que se suicide.

Una frase no es nunca sólo una simple frase. Toda frase es la expresión de un deseo, una intención, un propósito y se pronuncia para influir en el otro. Toda frase, no sólo dice algo, sino que realiza algo, produce algo, hace algo. La lingüística ha explicado ya hace tiempo que decir es siempre hacer. Que no existe un decir que no sea, a la vez, un hacer. Por eso define el lenguaje como «actos del habla».

Es un disparate jurídico el anular la relevancia penal del decir reduciéndolo a un acto meramente subjetivo que se agota en la conciencia del hablante, un pensamiento interno que no tiene proyección alguna fuera de su cerebro. Porque hablar no es sólo pensar, sino expresar públicamente lo que se piensa, que a su vez es, para el receptor, expresión de lo que se siente, lo que quiere y lo que que se persigue.

Y más cuando se hace públicamente, ante cientos de personas, en un lugar y un contexto determinado que sirve para interpretar y valorar lo dicho, contexto en el que el acto de hablar realiza y lleva a cabo los efectos buscados, con el añadido de que hoy, mediante los medios, se puede ampliar ese contexto y sus efectos a millones de personas, y más si el hablante lo hace desde una posición de poder y representación simbólica excepcional, como es el caso de Torra y la vicepresidente.

Nadie habla por hablar, o sea, sin intención ni propósito alguno: lo hace siempre para algo, aunque sólo sea para divertirse. Separar las palabras de los hechos es algo imposible. Esto no significa que las palabras realicen siempre lo que dicen. Eso depende de lo que se diga. Si yo insulto a alguien estoy realizando lo que digo, pero si grito ¡fuego! no quiere decir que yo esté provocando un incendio.

Naturalmente, de las palabras a los hechos hay un trecho. Habría que añadir que casi siempre ese trecho es muy estrecho, y más cuando se trata de agitar, de impulsar, de animar a alguien o a una masa a que haga algo, y más si eso se presenta como un acto de valentía, nada menos que «atacar al Estado español», el gran enemigo, esa bestia con forma humana de la que ya no hemos de defendernos, sino pasar a la siguiente fase: atacar.

En contra de lo que dice Carmen Calvo la política se hace, sobre todo, con palabras, con frases, precisamente para evitar los hechos consumados, para impedirlos. Por eso no hemos de dejar pasar nunca palabras ni frases ofensivas y amenazantes, que incitan al odio, al ataque, a la subversión del orden democrático, como es el caso. Nunca las palabras son inocentes ni inocuas, producen efectos, o sea, hechos. Para evitar los hechos irreversibles hay que impedir el discurso que los hace posibles. Porque las palabras llevan a cabo una realización anticipada de los hechos.

No se puede decir cualquier cosa sin que eso carezca de consecuencias sociales, políticas o jurídicas, incluidos los efectos «jurídicamente destructivos» de la propia inhibición; sin que eso suscite, al menos, una crítica abierta, una denuncia y un rechazo público y oficial, como debiera haber ocurrido en el caso de las palabras de Torra (no sólo éstas, sino las que lleva pronunciando y escribiendo desde hace años).

El decir es un arma política de primer orden. Dejar decir es dejar hacer. Un arma política y de propaganda imprescindible para despertar emociones, manipular sentimientos, inducir a la acción. Que Rajoy calificara la declaración unilateral de independencia del Parlamento catalán sólo como «cacicada», nos revela el grado de enajenación de la realidad que estaba padeciendo. Carmen Calvo parece seguir la misma senda. De ahí a la sentencia de los jueces alemanes sobre la extradición del prófugo Puigdemont no hay ni medio paso: «La sala no aprecia que estas acciones individuales fueran capaces de poner seriamente en peligro el orden constitucional del Estado español”.

Aquí ya hemos pasado de las frases a los hechos para relativizar, en consecuencia, los propios hechos. Los hechos, para constituir delito, han de ser plenamente consumados y producir un efecto catastrófico. Si no, nada; lo mismo que las frases no son más que frases, los hechos no son más que hechos sin importancia hasta que sus consecuencias no sean irreparables.

Parece increíble que a estas alturas, después de la experiencia del nazismo, por poner el ejemplo más trágico, no sepamos que las palabras son hechos, y que los hechos de incitación verbal son actos tan peligrosos como las balas o las bombas, porque llevan a ellas, porque crean las condiciones mentales, colectivas y psicológicas necesarias para que los actos finales tengan lugar.

De una fase de preparación mental y psicológica se pasa a otra de agitación, visibilización y exhibición de fuerza (en la que ya estamos); por último, se produce el asalto a los resortes últimos del poder (el que quede por conquistar, claro).

Santiago Trancón Pérez

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