El “El Punt Avui” publicaba el pasado 29 de mayo, en la sección de Educación, un artículo en el que analizaba si los términos vehicular y curricular son sinónimos. Este artículo surgió a raíz de la proposición de ley, acordada por Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, En Comú Podem y Partit dels Socialistes de Catalunya, sobre uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
A pesar de que el aspecto educativo del uso de las lenguas oficiales en sociedades bilingües va más allá de la discusión sobre si vehicular y curricular son sinónimos, es importante matizar que dicha publicación no tiene en cuenta lo que constituye el fin último de la enseñanza de una lengua: formar alumnos competentes en hablar, comprender, leer y escribir. Parece ser que el artículo no pretendía evocar la importancia de los objetivos de todo proceso de enseñanza, al contrario, la preocupación del mismo gira en torno al “peso” que puede perder la lengua catalana en ese proceso.
Partiendo de lo dicho anteriormente se deduce que estamos ante una evidente politización de lengua y, por ende, el empeño de que la misma sirva a los intereses del nacionalismo excluyente. Se hace política con las palabras. Imponer un término y dominar su significado conduce a ganar la batalla política (Trancón, 2022) y es esto lo que el Gobierno autonómico de Cataluña pretende.
El artículo enfrenta dialécticamente a:
- la posición que ha tomado el gobierno de la Generalidad y sus socios presentando una proposición de ley para dar respuesta a la Sentencia del mínimo 25% de clases en español y
- los argumentos de la CUP y del filólogo Gerard Fuster, que ven en la proposición de ley una manera de igualar las dos lenguas cooficiales en la enseñanza no universitaria.
Curricular y vehicular
Para la Generalidad, la lengua catalana y el aranés serán, en el nuevo modelo educativo, lenguas vehiculares, mientras que el español o castellano será únicamente lengua curricular, es decir, ceñida a la enseñanza de unas materias que cada escuela e instituto deberá establecer en su Proyecto Lingüístico de Centro, pero una vez que el Departamento de Educación haya dado el visto bueno (dedúzcase que ese visto bueno departamental implica que los colegios e institutos pierden la autonomía de centro)
Para la CUP y el Sr. Gerard Fuster, vehicular y curricular son sinónimos y, por tanto, el “nuevo” modelo educativo supone el derribo de la inmersión y de lo que el nacionalismo excluyente llama “escuela catalana”.
Según la RAE, el término vehicular es “el adjetivo que sirve de comunicación entre grupos de personas de lengua materna distinta”, y el término curricular hace referencia a las distintas materias o disciplinas que componen el currículo (los contenidos) en cada uno de los cursos por los que pasa el estudiantado. Como puede leerse, curricular y vehicular no son sinónimos.
Como se desprende de lo dicho hasta ahora, ni el Gobierno de la Generalidad, ni el Consejero de Educación, ni la CUP han pretendido en ningún momento el acatamiento de la sentencia dictada por el TSJC. Desde la normalización lingüística iniciada con Jordi Pujol, los sucesivos gobiernos han arrinconando la lengua española hasta convertirla en lengua extranjera en el ámbito educativo.
Lengua vehicular, curricular…, ¿qué importa analizar si son o no sinónimos cuando el análisis se efectúa al margen de lo que debe darles su significado en educación?
El significado de ambos términos no puede desligarse en modo alguno de la concepción de la diversidad, hoy politizada por intereses ajenos totalmente a la enseñanza y el aprendizaje del alumnado en el que se deben tener en cuenta desde la motivación personal del alumno, pasando por la comunicación con las familias y acabando en la evaluación de los estudiantes (Aguado Odina y Ballesteros Velázques, 2012).
Quizás en este juego de terminologías falte dar cabida a dos: voluntad y pensamiento abierto para llegar a un consenso en el que la comunidad educativa aporte lo que domina: la formación de alumnos, para ello deben desprenderse de toda politización y dar ejemplo de ciudadanía a niños y jóvenes cumpliendo nuestro ordenamiento jurídico.
Berta Romera, profesora de Educación secundaria y Bachillerato. Antropóloga. Socia de Societat Civil Catalana
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