Cuarenta años de Constitución

Parece que fue ayer, pero se van a cumplir 40 años desde que aprobamos la Constitución. En mi opinión es un buen momento para hacer un balance, aunque sea limitado, de lo que ha sido nuestra historia reciente e intentar predecir lo que puede ser nuestro futuro más o menos inmediato.

Para empezar, no podemos olvidar que hace 40 años veníamos de una negra dictadura, que el dictador murió en la cama y, por lo tanto, sus acólitos conservaban todos los resortes del poder. Además, no eran pocos los que tenían la voluntad de perpetuar a Franco y perpetuarse.

Pues bien, con aquellos mimbres se hicieron estos cestos. Esa Carta Magna, como toda obra humana, tiene luces y sombras y sin duda es perfectible. Esa Constitución ha sido el instrumento que nos ha permitido pasar de la dictadura a la democracia y, después, ha sido el eje vertebrador que ha hecho posible la etapa más prolongada de paz y progreso en nuestro país.

No obstante, de un tiempo para acá, se ha puesto de moda en algunos círculos de opinión criticar y minusvalorar tanto esa Ley de Leyes como las consecuencias que se han derivado de su vigencia.  Por eso, cuando leo u oigo ciertos comentarios denostando nuestra norma máxima de convivencia, me pregunto dónde andarían esos agoreros aquella noche gélida de enero cuando asesinaron a los abogados laboralistas de Atocha o qué hicieron la noche de los transistores (noche del 23 al 24 de febrero de 1981, cuando se produjo el fallido intento de golpe de Estado). Ahora es fácil criticar, pero la realidad de entonces no era nada halagüeña.

Es verdad que la España de 1978 poco o nada tiene que ver con la de 2018. Ciertamente, eso no es atribuible a la Constitución, pero es innegable que esa transformación se ha producido dentro del marco constitucional.

De hecho, nuestra Constitución, en buena medida, es la consecuencia de un pacto entre diferentes. Un acuerdo al que llegaron los representantes de la entonces vieja política: los franquistas, y los representantes de la nueva: los demócratas.

Para analizar con justicia lo sucedido en aquella época debemos conocer el contexto en el que los actores de entonces debían desenvolverse. Es verdad que había entusiasmo por consolidar las libertades, pero también había miedo porque se pudieran reproducir enfrentamientos civiles como sucedió en le pasado. El terrorismo mataba un día tras otro. Las condiciones económicas y sociales no daban pie a la esperanza: una inflación del 19,8%, aunque con algo menos de paro que ahora, pero, también, con menos coberturas y prestaciones y una renta per cápita anual que no llegaba ni a una cuarta parte de la actual.

Tengo la convicción de que la mayoría de los que participaron en el debate para redactar una Constitución, tenían más en la cabeza la construcción de un Estado que la construcción de una nación. Estado democrático y valores correspondientes: libertad, democracia, garantía de derechos y justicia. Esos fueron los objetivos que hubieran podido, perfectamente, figurar en el frontispicio de los numerosos espacios que acogieron debates sobre el particular.

En aquel entonces, lo nacional no tenía demasiado predicamento, solía asociarse al Movimiento; quizás a excepción de algún círculo nacionalista en Euskadi o Cataluña, la identidad nacional era algo no marginal, pero sí secundario. Por eso, los términos identidad nacional y autonomía no supusieron ningún obstáculo insalvable ni en la ponencia ni en la comisión constitucional. Más bien los recelos llegaron desde fuera, pero no pasaron a mayores y se pudieron mantener los objetivos.

Es verdad que en estos 40 años de vigencia de nuestra Carta Magna han sucedido muchas cosas, la sociedad ha evolucionado y se precisan cambios. Pero hemos de ser conscientes de que España tiene un ADN dramático y transcendental. Por eso, los cambios que en otros lugares se ven como naturales y normales, aquí no lo son.

La crisis económica, la corrupción y el inmovilismo han resultado letales para el interés general.  Estamos viviendo una etapa en la que los ciudadanos han perdido buena parte de la confianza que habían depositado en la política y las instituciones. Y eso sucede porque en conjunto no se ha administrado de la mejor forma posible el legado de los constituyentes.

De todos modos, el problema más grave que tenemos hoy en día es el territorial. Un asunto que se arrastra desde hace 150 años. Y en los 6 últimos años ese problema se ha reproducido de forma sustancial en Cataluña.

En consecuencia, la reforma de la Constitución no puede esperar mucho más. Preciamos una reforma integradora, que no un proceso constituyente, como proponen algunos con pasmosa ligereza, a la vez que descalifican lo que ellos llaman el “régimen del 78”.

Lo más razonable sería explorar una reforma federal, el refuerzo de la protección de los derechos sociales, una reforma del proceso electoral y hacer del Senado una auténtica Cámara territorial, suprimiendo de ese modo, su innecesario cometido de Cámara de segunda lectura.

Si de verdad se quiere dar una solución duradera al problema territorial, hay que buscar un cauce para los ciudadanos de Cataluña que rechazan la ruptura que proponen los independentistas, pero tampoco están de acuerdo con el statu quo.

En este contexto, sería muy positivo el reconocimiento de la singularidad nacional catalana, sin que ello signifique privilegio alguno. Así como claridad y simplificación competencial, capacidad normativa fiscal y respeto al principio de ordinalidad, son algunas de las cuestiones que de manera inexcusable debería recoger esa reforma constitucional.

De todos modos, hemos de saber que reformar la Constitución no es la panacea para todos los males. Ahora bien, es la mejor manera de desmontar los argumentos de aquellos que pretenden desmantelarlo todo. Además, es, la mejor forma de regenerar la democracia. Desde luego, no es poco, pero vale la pena intentarlo.

Bernardo Fernández

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