El 15 de octubre de 2020 se cumplió el ochenta aniversario del fusilamiento de Lluís Companys Jover, en el foso de Santa Eulalia del Castillo de Montjüic. La sentencia dictada por un tribunal militar le condenaba a la pena de muerte, textualmente por su «adhesión a la rebelión militar, accesorias legales en caso de indulto y la expresa reserva de la acción civil o responsabilidad indeterminada». Esto implica que la sentencia incluía en su fallo la obligación de indemnizar a las familias de entre ocho mil y nueve mil catalanes, que habían sido asesinados bajo la supervisión del Comité de Milicias Antifascista, que él mismo había creado mediante un decreto presidencial, y que estaba bajo su mandato como Presidente de la Generalitat de Cataluña.
Precisamente, y a modo de inciso, podríamos decir que en una de las reuniones del Comité de Milicias en su sede de un edificio independiente en la plaza Palacio, hoy ocupado por la Escuela de Naútica, que estaba totalmente controlado por la CNT-FAI, de vez en cuando aparecía Companys para proferir un discurso en el que recordaba, a los miembros del Comité reunidos en asamblea, que el poder en Cataluña lo ostentaba la Generalitat. Resultó que cuando acabó uno de esos histriónicos discursos, hastiado de la verborrea del president, Juan García Oliver le dijo a Buenaventura Durruti: «como vuelva por aquí el pajarito le pego un tiro». Pajarito era el apodo que le habían puesto los anarquistas, que definía su semblante físico y su debilidad personal.
Los anarquistas le conocían perfectamente porque en sus inicios profesionales como abogado en Barcelona se había dedicado a defender judicialmente a los pistoleros de la FAI, lo que equivaldría en la actualidad a un abogado de etarras. Profesaban un absoluto desprecio hacia él, porque sospechaban que durante aquellos años del pistolerismo en Barcelona Companys se dejaba sobornar por la Patronal para pasarles información, y adulterar su defensa en detrimento de sus clientes anarquistas. Esta conducta abominable, practicada por un abogado, está corroborada por el testimonio de Francesc Torras Villà, diputado de la Mancomunitat de Catalunya, fundador del Banco de Granollers y alcalde de la misma ciudad.
Otro aspecto relevante de la vida de Companys, que recogí del testimonio de una persona de avanzada edad de Tornabous, cercano a El Tarrós, pueblo natal de Companys; es que por lo visto su familia que tenía una buena situación económica, estuvo seriamente decidida a iniciar un procedimiento judicial de incapacitación contra él, porque jugaba mucho a las cartas -sobretodo al siete y medio- en bares de Balaguer de Tárrega hasta altas horas de la noche, a golpe de whiskys y coñacs, perdiendo grandes sumas de dinero en esos envites, y poniendo en peligro el patrimonio familiar al ofrecer fincas y terrenos como garantías. Esta ruptura familiar le obligó a venir a Barcelona para acabar el bachillerato y la carrera de Derecho, volviendo a jugar a las cartas, pero esta vez apostando de su propio peculio. Este factor unido al que era un pésimo estudiante, indujeron a que tardó dieciocho años en acabar la carrera, porque se matriculó en la Facultad de Derecho en 1898 y en 1916 hizo los exámenes de grado obteniendo el título de licenciado en derecho. .
También podríamos dar el testimonio de Miquel Serra i Pàmiés, destacado miembro del PSUC, nombrado por Companys conseller de Proveïments (Suministros), cuando manifestó que «al president le daban ataques, se tiraba de los pelos, arrojaba cosas, se quitaba la chaqueta, rasgaba la corbata, se abría la camisa». También el entonces diputado de ERC Joan Solé Pla sostenía que Companys era «un enfermo mental, un anormal excitable con depresiones cíclicas». Afirmaba Solé que además «tenía fobias violentas de envidia y de grandeza violenta, seguidas de fobias de miedo y manía persecutoria». «Lloraba y gemía como una mujer engañada», añadió. En este elenco descriptivo de sus más cercanos colaboradores, el conseller de Asistencia Social de la Generalitat, Juan Puig i Ferreter, vertía calificativos como intrigante, sobornador, vanidoso y carente de escrúpulos para ascender.
En esta acumulación de vicios y psicopatías, no podía faltar la fama que tenía Companys de mujeriego, y en su época al margen de infidelidades constantes con su primera y con su segunda esposa Carme Ballester, en aquellos años era patente la animadversión que tenía hacia Miquel Badía, jefe superior de la policía de Cataluña, que mantenía una relación amorosa con Carme Ballester, hasta el punto de que según testimonio del historiador Santiago Cucurella, antiguo regidor de La Garriga y director de la Fundación UniversitarIa Martí l’Humá, los pistoleros de la FAI que mataron a los hermanos Badía en el portal de la calle Muntaner nº 38 el 28 de abril de 1936, habían sido contratados por el mismo Companys.
La sentencia del Tribunal Militar que le condenó a muerte, evidentemente no lo hizo por estas desapropiadas conductas, sino por su actuación a partir del 18 de julio de 1936, cuando entregó a los milicianos de la UGT, CNT, ERC y del POUM los fusiles de la Guardia de Asalto que estaban depositados en la Jefatura de la Vía Layetana, que fueron utilizados para asesinar a miles de inocentes catalanes. Además el Tribunal valoró el hecho de que el presidente Companys no hizo absolutamente nada, para evitar ese frenesí de violencia desenfrenada que sufrió la sociedad catalana durante la guerra civil.
Resulta evidente que el presidente de la Generalitat tenía conocimiento de la existencia de cuarenta y seis checas en Barcelona, y no hizo absolutamente nada para evitar las atrocidades que se cometían en esos centros privados de reclusión, en los que se ejercía la tortura, el asesinato y en alguna de ellas el troceamiento de cadáveres para alimentar a los cerdos. Realizando una analogía anacrónica, imaginemos que esto pasase actualmente en Cataluña, y el que presidente de la Generalitat permitiese el asesinato de miles catalanes sin enviar a los Mossos de Escuadra a esos centros para clausurarlos, o por lo menos para informar de lo que ocurre en ellos. Evidentemente en los tiempos actuales los Tribunales de Justicia españoles, y por supuesto el Tribunal Penal Internacional de la Haya tomarían cartas en el asunto.
Un argumento que utilizan los nacionalistas catalanes para justificar la actuación de Companys durante la guerra civil es que defendía la democracia frente al fascismo; como si el hecho de defender las libertades democráticas fuesen una patente que permitiese cometer asesinatos, y dar conformidad en sentencias de muerte arbitrarias contra personas que que eran inocentes. Evidentemente este argumento que se escuda en la defensa de instituciones democráticas, no tiene ninguna relevancia jurídica ante un tribunal nacional o internacional por crímenes de guerra. De hecho y por poner un ejemplo, Radovan Karadzic que fue presidente de la República serbia de Bosnia Herzegovina, condenado a cuarenta años de prisión por el Tribunal Penal Internacional, era como Companys un político democrático que defendía las instituciones parlamentarias de su país, y lo mismo podríamos decir de Slobodan Milosevic, presidente de Serbia, que no pudo ser condenado porque le sorprendió un infarto mortal.
Se decidió que Companys fuese juzgado y ejecutado en el castillo de Montjüic, decisión ésta que dada la relevancia del justiciable, probablemente fue ordenada por el Jefe de Estado, el general Francisco Franco, porque fue allí precisamente donde con la aquiescencia manifiesta del presidente de la Generalitat, se juzgó en un consejo de guerra y se fusiló en el mismo foso de Santa Eulalia a los generales Manuel Goded, Álvaro Fernández Burriel, y a gran parte los oficiales militares que se sublevaron en Barcelona el 18 de julio de 1936, y fue allí precisamente donde se fusilaron de una forma sistemática a centenares de hombres y mujeres durante el transcurso de la contienda. Otro hecho que debe de ser anotado en la memoria de Companys, es que una de sus últimas órdenes como presidente de la Generalitat, cuando ya estaban cargando el maletero de su coche oficial de joyas y caudales robados de las cajas de seguridad de los bancos, hizo una llamada de teléfono al miliciano jefe del castillo de Montjüic, convertido en prisión de la CNT, ordenándole que ante la inminencia de la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, pasase por las armas a todos los prisioneros que estaban bajo su custodia. El miliciano no quiso cometer esa masacre y abandonó el castillo con sus camaradas con destino a Francia. Este hecho no ha podido ser contrastado porque quedó circunscrito a una conversación telefónica entre ambos interlocutores.
Lluis Companys fue juzgado por catalanes por crímenes cometidos contra catalanes. El juez instructor de su causa fue el general tortosino Ramón de Puig, el fiscal fue el militar tarraconense Enrique de Querol, y su defensa la desarrolló brillantemente el capitán Ramón de Colubí, que había sido condenado a muerte por sublevarse contra la República. En su alegato final Companys, posiblemente atormentado por su conciencia, se dirigió al tribunal diciéndoles que ellos no tenían la culpa de su muerte, diciéndoles que no les guardaba ningún rencor.
Ese Tribunal militar condenó a un hombre no por sus crímenes, sino por haber consentido una gran matanza sin haber hecho nada para evitarlo, teniendo medios a su alcance. Con esa sentencia ese mismo Tribunal sin saberlo, estaba poniendo las bases de lo que luego se conoció en la justicia internacional como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que introdujo el Tribunal de Núremberg para juzgar a los jerarcas nazis. Evidentemente ni Goëring, ni Rosemberg, ni Keitel, ni Ribbentrop mataron a nadie con sus manos, como tampoco lo hizo Companys, pero todos ellos fueron permisivos con la barbarie y eso les costó la vida.
En detrimento del Tribunal militar, como jurista contrario a la pena de muerte, solo tengo que añadir que probablemente como ya hizo el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República Española, cuando juzgó a Companys en junio de 1935 por rebelión, condenándole a treinta años de prisión; esa debería de haber sido su condena, quedando en libertad en 1965 en una Cataluña muy diferente a la que dejó.
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