Resulta difícil asimilar, y aún más justificar, que el Papa León XIV haya presidido un multitudinario acto religioso, una vigilia, en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Que la máxima autoridad de la Iglesia Católica asocie su figura y su fe a un recinto que lleva el nombre de quien fuera el máximo responsable político de la Generalidad durante los años más cruentos de la persecución religiosa en Cataluña no es solo una incoherencia flagrante, sino un agravio directo a la dignidad de las víctimas.
Bajo el mandato de Lluís Companys al frente de la Generalitat, la retaguardia catalana durante la Guerra Civil se convirtió durante la Guerra Civil en un territorio de terror para cualquiera que profesara la fe católica. Los datos históricos, tozudos frente al relato oficialista contemporáneo, certifican el asesinato de miles de sacerdotes, religiosos y fieles laicos cuyo único delito fue no renegar de sus creencias. Permitir que el sucesor de Pedro haya pisado un suelo consagrado a la memoria de aquel gobernante que, por acción u omisión, amparó las sacas y los fusilamientos del clero, supone una pirueta ética de difícil digestión para el catolicismo español.
La diplomacia vaticana, a menudo propensa a los gestos de apaciguamiento político y a la búsqueda de equilibrios imposibles, comete aquí un error de bulto. En su afán por conectar con la Cataluña actual y escenificar una normalidad institucional, la Santa Sede parece haber ignorado el peso de los símbolos. Un estadio olímpico puede ser un espacio civil idóneo para las masas, pero la elección del Lluís Companys carga el evento de un simbolismo político que distorsiona el mensaje evangélico y pisotea la sensibilidad de las familias de los mártires.
No se trata de exigir un perenne estado de rencor ni de vetar la presencia pontificia en tierras catalanas, donde la Iglesia hunde raíces milenarias. Se trata de una elemental cuestión de decoro y respeto a la verdad histórica. Barcelona cuenta con espacios neutros idóneos para albergar a las multitudes sin necesidad de reabrir heridas ni de validar de forma indirecta la figura de un personaje tan sombrío para la historia de la Iglesia española como Companys.
La condescendencia de las autoridades eclesiásticas locales, que parecen haber bendecido este emplazamiento sin ambages, demuestra hasta qué punto el complejo y la corrección política han calado en ciertos sectores de la diócesis. En lugar de defender la memoria de sus propios mártires —muchos de ellos ya elevados a los altares por la propia Iglesia—, se ha preferido claudicar ante el marco mental impuesto por el nacionalismo gubernamental, que insiste en la beatificación laica de Companys mientras esconde bajo la alfombra los crímenes de su periodo.
El Papa León XIV está difundiendo durante su visita a España un mensaje de paz y reconciliación, propósitos siempre loables en un mundo fragmentado. Sin embargo, la verdadera reconciliación nunca puede cimentarse sobre la amnesia o la humillación de los caídos por la fe. Oficiar un acto de masas bajo el rótulo de Companys es una flagrante contradicción que desvirtúa el homenaje a los perseguidos.
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