La lealtad institucional ha saltado por los aires en el archipiélago canario. El presidente regional, Fernando Clavijo, ha lanzado una acusación de extrema gravedad contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según el dirigente de Coalición Canaria, Madrid ocultó deliberadamente la presencia de contagios por hantavirus a bordo del buque MV Hondius.
El crucero atracó en el Puerto de Granadilla bajo un manto de silencio que ahora resulta injustificable. Clavijo sostiene que el Gobierno central manejaba datos sobre la infección «desde el minuto uno». Esta falta de transparencia supone, a juicio del mandatario autonómico, un atropello a la dignidad del pueblo canario y sus instituciones.
La desconfianza no es nueva, pero los hechos recientes confirman los peores presagios de la administración canaria. El Ejecutivo regional solicitó formalmente la realización de pruebas PCR antes de que el barco llegara a las islas. Sin embargo, se topó con una negativa sistemática y opaca por parte de los ministerios competentes.
Hoy la realidad sale a la luz y explica los titubeos de la Moncloa durante las últimas jornadas. Clavijo afirma que ahora comprende por qué el Gobierno de España se negaba a realizar esos test preventivos. La respuesta es sencilla y alarmante: ya sabían que había pasajeros contagiados en el interior de la embarcación.
Para el presidente canario, nos encontramos ante un día triste para la salud de nuestra democracia. Resulta inaudito que una administración oculte información sanitaria «determinante» a otra administración de rango inferior. La gestión de este incidente empaña nuevamente la relación entre el Estado y las comunidades autónomas.
La labor de investigación de los medios de comunicación ha sido clave para desenmarañar este secretismo. Gracias a las informaciones publicadas, Canarias ha podido confirmar que el Gobierno de Sánchez conocía, al menos, un caso positivo. La ocultación no fue un error administrativo, sino una decisión política deliberada.
Canarias, a pesar de sus reticencias iniciales con la llegada del crucero de lujo, actuó con una lealtad que no fue recíproca. El Gobierno autonómico se puso a trabajar de inmediato para garantizar la seguridad en sus costas. Mientras tanto, en Madrid, se guardaba silencio sobre el riesgo real que suponía el desembarco.
Los expertos consultados por el Ejecutivo canario recomendaron de forma unánime el cribado antes del desembarco. Es difícil entender por qué el Ministerio de Sanidad ignoró estas advertencias técnicas tan básicas. La protección de los ciudadanos debería estar siempre por encima de cualquier estrategia de comunicación política o conveniencia.
La ruptura de la buena fe entre ambos gobiernos marca un punto de inflexión en la legislatura. No se trata de una simple discrepancia de gestión, sino de una quiebra de la confianza básica necesaria para la gobernanza. El oscurantismo se ha convertido, lamentablemente, en una seña de identidad de la actual gestión central.
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