Cataluña no es Antígona

El artículo 23 de la Constitución Española dice que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones públicas por sufragio universal”.

Tanto el Consejo de Estado, en su dictamen acerca de la reforma del Reglamento del Parlament de Catalunya, un cambio que tenía como objetivo facilitar la “desconexión exprés” con España, como Mariano Rajoy, en su comparecencia en la que ha anunciado la interposición de Recurso de Inconstitucionalidad contra dicha reforma, se refieren a ello. En el primero de los casos, con mayor amplitud.

La sustracción del Parlament al debate de esa reforma vulnera flagrantemente la posibilidad y el derecho de participar en todas las fases previstas para los trámites legislativos de los representantes de los ciudadanos en el Parlament de Catalunya. Sí, del Parlament de Catalunya, esta institución “casi sacralizada” por los más destacados actores del proceso secesionista: “tenim un mandat parlamentari”, ens devem al Parlament de Catalunya”, juro obeir al Parlament de Catalunya”, etc…

En estos momentos, tras haber sido conformado, en las últimas semanas, un nuevo equipo de Gobierno, expresamente escogido para ejecutar el plan previsto para la ruptura unilateral con el resto de España, sin complejos ni titubeos de última hora, al Govern no le parece preciso respetar procedimiento ni Parlamento alguno, ni siquiera aquél en el que pretendían basar su legitimidad para realizar algo contrario a la propia esencia de ése Parlamento autonómico. “Se puede estar vulnerando el derecho de participación política de la minoría parlamentaria” – afirma Rajoy– y, en efecto, así es.

Ello sería suficiente – al margen del análisis del contenido de la norma impugnada– para anularla pero, no olvidemos que esa minoría parlamentaria” es, en Cataluña, representativa de la mayoría de los sufragios emitidos, claramente contrarios a la secesión.

Parece que ya es hora de desvelar que el binomio legalidad-democracia (o justicia), en el que los miembros del Govern y sus acólitos pretenden enmarcar esta lid, no existe como tal.

Este proyecto, cuya ilegalidad no es necesario seguir discutiendo (no lo discuten ni sus promotores), es profundamente injusto tanto con los catalanes que no desean la ruptura como con aquellos que han sido embarcados en un proyecto sin base ni objetivo posible a costa de un descrédito en todos los ámbitos y un grave quebranto de la convivencia. También es injusto, por discriminatorio, con el resto de españoles que también tienen derecho a decidir”.

Los ciudadanos queremos mantener un marco de seguridad que sea respetado por todos – por los poderes públicos, especialmente – en todas las circunstancias y no sólo cuando venga bienal poder, esto último impropio de una verdadera democracia.


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