El episodio vivido en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, ha dejado al descubierto una peligrosa deriva en la gestión de los medios públicos. La intervención de Pedro Sánchez, con una carta oficial emitida en directo y un tono aparentemente distendido – teóricamente a petición de la hija de Jorge Ponce, uno de los socios de Broncano -, fue cualquier cosa menos inocente.
En pleno debate sobre la independencia de RTVE y la legitimidad de los contratos millonarios de su productora, la escena se convirtió en un ejercicio de propaganda cuidadosamente disfrazado de humor. Broncano ha insistido en que no tiene relación política con el presidente ni con el Gobierno, y que las acusaciones sobre favoritismo son “ridículas y ofensivas”.
Sin embargo, la coincidencia temporal entre la polémica aparición de Sánchez y los más de treinta y cuatro millones de euros adjudicados a su productora y al Terrat por parte de la televisión pública resulta, como mínimo, difícil de ignorar. Es legítimo preguntarse si la carta del presidente no fue tanto un guiño cómplice como un recordatorio de gratitud.
Que un presidente del Gobierno participe – aunque sea de manera indirecta -, en horario de máxima audiencia, en un programa de entretenimiento financiado con dinero público, es una anomalía democrática en un momento en el que la oposición denuncia la toma de la programación de La 1 por el Gobierno. La televisión pública tiene la obligación de servir a todos los ciudadanos, no a la estrategia comunicativa del Ejecutivo. Lo que vimos aquella noche fue una escena cuidadosamente orquestada: un líder político proyectando cercanía y humor a través de un formato que pretende ser neutral, pero que se financia con recursos del Estado.
El caso Broncano no es un episodio aislado, sino el síntoma de una tendencia más profunda: la colonización de la esfera mediática pública por parte del poder político. RTVE, que debería ser un espacio de pluralismo y servicio público, se ha convertido con demasiada frecuencia en un escaparate del PSOE. Cuando el entretenimiento se utiliza como herramienta de legitimación, el límite entre comunicación y propaganda se desdibuja peligrosamente.
La responsabilidad no recae solo en Pedro Sánchez, que evidentemente aprovecha cualquier oportunidad para proyectar una imagen amable y cercana. También Broncano tiene una parte de culpa. Su éxito le otorga una influencia considerable. Aceptar ser parte de un entramado donde el humor se mezcla con los intereses del poder implica renunciar, al menos en parte, a la independencia que debería distinguir a un creador frente al político.
Resulta especialmente preocupante que este intercambio simbólico —el presidente que se presta al espectáculo y el presentador que recibe su atención— se produzca en el marco de una televisión pública. En lugar de proteger su neutralidad, RTVE parece haber asumido que su papel es competir en audiencia con las privadas a cualquier precio, incluso a costa de su credibilidad. La ironía es que, en nombre del entretenimiento, se ha consolidado una nueva forma de propaganda.
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