Andorra, que presume de ser un país liberal en lo económico, dado que tiene un sistema fiscal muy reducido que atrae a numerosos profesionales de todas partes del mundo por lo reducido de sus impuestos, en cambio práctica un régimen semitotalitario de persecución lingüística a los que no usan el catalán en el ámbito público y empresarial.
Con la excusa de que el catalán es la única lengua oficial persigue el uso comercial de otras lenguas, sobre todo el español, que es la más hablada en este país pirenaico, en una flagrante persecución de los derechos lingüísticos de los hispanohablantes residentes en este país que, no olvidemos, vive en buena parte del comercio, el turismo y las inversiones que provienen de España.
Andorra endureció hace unos meses su normativa lingüística con la aprobación de una ley que impone sanciones de entre 600 y 10 000 euros a aquellos establecimientos que no atiendan en catalán, incluso si el cliente se expresa en español. Esta normativa, vigente desde inicios de este año, es el resultado de una presión política y mediática que busca consolidar el catalán como lengua predominante en el ámbito comercial.
El Gobierno andorrano destinó recientemente 50000 euros a una campaña informativa para advertir sobre estas sanciones y promover el uso del catalán en la atención al público. La iniciativa refuerza un enfoque punitivo más que inclusivo, priorizando los mecanismos de control por encima de la convivencia lingüística y la realidad pluricultural del país.
Organizaciones vinculadas al independentismo catalán como Plataforma per la Llengua han sido señaladas por su papel en esta ofensiva. Su presencia en Andorra ha impulsado denuncias públicas y vigilancias en redes sociales hacia personas que emplean el español, bajo acusaciones de “boicot” a la lengua local. Este tipo de acciones alimenta un clima de desconfianza y confrontación entre comunidades lingüísticas.
Plataforma per la Llengua es una entidad dedicada a la delación lingüística y que se dedicaba a espiar la lengua que hablan los niños en los patios escolares, sin permiso de padres o profesores. Este es el ‘talante’ de los aliados del Gobierno andorrano en la persecución del español en este país.
Desde el ámbito político, figuras destacadas de la oposición han exigido la “erradicación” del español en los comercios, reclamando sanciones contundentes para quienes no atiendan en catalán de manera reiterada. Esta postura pone en evidencia una deriva hacia un modelo de asimilación lingüística obligatoria que margina a una parte importante de la población. Cerni Escalé, el jefe de la oposición en Andorra, declaró hace unos meses al diario ‘DigitalAndorra‘ que el Gobierno debía sancionar a los comercios y empresas que no garanticen la atención «de forma reiterada» en catalán, excluyendo así al español de este tipo de negocios.
Escalé es el presidente del grupo parlamentario de Concòrdia, que cuenta con seis de los veintiocho escaños de la cámara andorrana. También aseguró que harían un seguimiento detallado de todos los expedientes sancionadores que abra la administración, y argumentaba que «es imprescindible normalizar que los incumplimientos tienen consecuencias».
Para muchos hispanohablantes, esta etapa supone un desafío directo a su identidad. En una reciente interacción en la administración de Andorra la Vella, un residente sudamericano exigió ser atendido en español y recibió como respuesta que “la lengua oficial de Andorra es el catalán”. El episodio refleja la tensión creciente entre el derecho individual a usar el idioma propio – que es el más usado en el país en el ámbito privado – y la coerción institucional para imponer el catalán.
La presión institucional también se ha materializado en sanciones concretas: en mayo de 2025 el Gobierno andorrano informó en el parlamento que entonces ya habían iniciado 30 expedientes por incumplimientos de la ley lingüística, con dos casos sancionados hasta ese momento.
Estas políticas contrastan con la diversidad sociolingüística de Andorra: el español es la lengua materna de más del 40 % de la población y supera al catalán en varios indicadores de uso cotidiano. Sin embargo, esa pluralidad parece cada vez más limitada por un discurso oficial que prioriza la unidad lingüística por encima de la convivencia cultural.
Incluso desde sectores que no comparten la ideología independentista catalana se ha denunciado que la preservación cultural no debe confundirse con persecución. Las voces críticas advierten de que la defensa del catalán se está transformando en una agresión hacia quienes hablan español, generando un clima de exclusión que amenaza la paz social en el país.
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