Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, decidió este viernes ponerse del lado de los separatistas y algo más grave aún, insultar al juez de Llarena, del que aseguró que era un «bocazas«.
También lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez pagué ahora 544.982 euros a un bufete de abogados en Bélgica para la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la demanda civil presentada contra él en aquel país por los independentistas fugados de España.
Lo que ignora a buen seguro de forma deliberada el coordinador federal de los comunistas es que las revelaciones de los últimos días señalan que la querella a Llarena se basa en una traducción trucada para hacer decir al magistrado lo que no dijo nunca, es decir, que Llarena no ha sido «bocazas» en ningún momento.
Pero el diputado de Unidos Podemos en el Congreso tuvo palabras también de apoyo hacía los políticos catalanes presos.
Y ha pedido que la Abogacía General del Estado retire la acusación por rebelión contra los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión y fugados de España.
Es decir, que el poder ejecutivo intervenga en la Justicia por razones políticas como en las repúblicas bananeras.
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