Alberto Fernández, presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado que “la denuncia que presentó y ratificada hoy se ha centrado en si se produjo una cesión de datos personales de barceloneses para configurar el censo electoral del referéndum ilegal del 1-Oct, y si en esta cesión el Ayuntamiento ha podido tener, o no, alguna participación a través de una cesión total o parcial de estos datos”.
El líder Popular ha comparecido hoy, como denunciante, en el juzgado de instrucción nº13, que sigue la investigación sobre el proceso del 1-Oct, dónde ha considerado que “en el Juzgado se debería investigar además si la actitud del Ayuntamiento ya sea por activa, o por pasiva, contribuyó a la celebración o desarrollo del referéndum ilegal”.
Asimismo, Alberto Fernández ha asegurado que el Grupo Popular avanzará diversa documentación sobre la apertura de 130 colegios electorales (centros educativos y equipamientos municipales), y al menos diez centros cívicos en Barcelona y pide clarificar “qué instrucciones se dieron a los 3.000 agentes de la Guardia Urbana, y que papel tuvieron estos en cumplimiento del mandamiento judicial del TSJ, que instaba a los ayuntamientos a colaborar con la justicia a efectos de impedir la celebración del referéndum ilegal”.
Por otro lado, ha recordado “los acuerdos de Torra y Ada Colau en los que pactaron colaborar en la celebración de este referéndum ilegal, queriendo conocer cuál fue el alcance del mismo”.
Finalmente, Alberto Fernández ha considerado que “el Ayuntamiento habría consentido barra libre de infracción de normativas y ordenanzas municipales en actos independentistas a los que no se exigían autorizaciones, licencias, ni tasas; a diferencia de actos organizados por entidades no secesionistas, a los que sí se les exigían todo tipo de requisitos, y se les imponían trabas de diversa índole”.
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