El secesionismo ha secuestrado las instituciones para su uso y disfrute. Hemos visto como en la fachada de muchos ayuntamientos de Cataluña se puede ver propaganda secesionista.
Es el caso de Vilassar de Dalt, donde este hecho podría costarle muy caro a su alcaldesa, Carola Llauró, y también a su antecesor, que también colgó propaganda secesionista en la fachada del consistorio.
Hace unas semanas absolvieron a tres miembros de las autodenominadas brigadas de limpieza por dañar la pancarta a favor de los presos que había en el balcón del ayuntamiento al intentar descolgarla la madrugada del 28 de julio del año pasado.
Estos constitucionalistas fueron denunciados ante los Mossos por la propia alcaldesa que reconoció ante el juez que que cuando ella tomó posesión del cargo hace casi un año ya estaba colgada, y que al ver que se rompió decidieron comprar otra, con un coste de 242 euros.
El juzgado ha atendido las peticiones de los abogados de los procesados de deducir testimonio de la declaración de la alcaldesa ya que considera que existe un «indicio» que debe ser investigado de que la pancarta se pagó con fondos públicos cuando el anterior alcalde estaba en el cargo.
Además, también hay «indicios más claros» de que la alcaldesa denunciante adquirió una nueva pancarta al romperse la anterior, lo que podría suponer un presunto delito de malversación al usarse fondos públicos para esta compra «sin autorización del pleno» municipal.
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