VOX ha anunciado este lunes una doble ofensiva política y judicial contra las políticas de movilidad impulsadas por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y diversos ayuntamientos de la provincia. La formación presentará alegaciones contra el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) 2025-2030 y, al mismo tiempo, interpondrá recursos contencioso-administrativos contra las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de siete municipios: Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró y Sant Cugat.
Durante la comparecencia, el portavoz de VOX en el Área Metropolitana de Barcelona, Gonzalo de Oro, denunció que el PMMU «no es un proyecto técnico, sino un rodillo ideológico» que pretende endurecer las restricciones al vehículo privado, limitar la movilidad de los ciudadanos y perjudicar al comercio local, a los autónomos y a las familias trabajadoras.
VOX considera que el plan supone una «enmienda a la totalidad» del modelo de movilidad impulsado por las administraciones metropolitanas y sostiene que vulnera principios básicos como la autonomía municipal, además de apoyarse en previsiones de infraestructuras futuras que, según la formación, carecen de financiación garantizada. Asimismo, las alegaciones cuestionan que la documentación se haya tramitado únicamente en catalán y denuncian la ausencia de un análisis riguroso del impacto económico que las medidas tendrían sobre trabajadores, pequeñas empresas y repartidores.
VOX ha anunciado la presentación de recursos contra las ZBE implantadas en siete municipios de la provincia. La formación sostiene que estas ordenanzas carecen de la suficiente justificación técnica y socioeconómica, recuerda que distintas resoluciones judiciales ya han anulado restricciones similares y considera que las ZBE constituyen una medida «profundamente clasista«, al afectar especialmente a quienes no pueden permitirse renovar su vehículo.
VOX defiende que las restricciones al tráfico no ofrecen una respuesta eficaz a los problemas de calidad del aire y denuncia que convierten al vehículo privado en el principal objetivo de unas políticas que, a su juicio, penalizan a las rentas medias y bajas. El presidente de VOX en la provincia de Barcelona, Joan Garriga, aseguró que su partido mantendrá la oposición a este modelo de movilidad y afirmó que «mientras el resto de partidos compite por ver quién prohíbe más y quién asfixia más a los ciudadanos, nosotros defenderemos la libertad de circulación, el derecho al trabajo y la prosperidad de los españoles corrientes en las calles, en las instituciones y en los tribunales«.
Garriga advirtió además de que «VOX no va a dar ni un paso atrás y vamos a librar esta batalla en todos los flancos posibles«. En este sentido, subrayó que «no vamos a permitir que las élites sigan imponiendo sus delirios ideológicos a costa de la libertad y el sustento de los catalanes«.
El dirigente de VOX concluyó reafirmando el compromiso de la formación de mantener esta ofensiva política, jurídica y social: «Vamos a dar la batalla en las instituciones, en los tribunales y en las calles, al lado de los autónomos, de las familias trabajadoras y de todos aquellos ciudadanos que se niegan a que les arrebaten sus derechos. Frente al consenso progre y globalista, VOX seguirá siendo el único escudo real en defensa de la libertad, el sentido común y la prosperidad de los españoles corrientes«.
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