El 1 de octubre de 2017 el gobierno de la Generalitat cometió un grave acto contra la democracia, contra el Estado de derecho y contra millones de ciudadanos al celebrar un supuesto referéndum ilegal para la independencia de Cataluña.
Dicho gobierno, como cualquier persona sin conocimientos de derecho lo sabe, no tiene, ni tenía competencias para hacer este supuesto referéndum. Un acto basado en la Ley de Transitoriedad Jurídica y Ley del Referéndum aprobada en los plenos del 6 y 7 de septiembre del mismo año y que el Tribunal Constitucional declaró nulos el 17 de octubre.
El párrafo final dice lo siguiente: “Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada” del referéndum de autodeterminación “.
Y en el punto 7 afirma: “Sí PROCEDE, en virtud de lo dispuesta en los arts. 87.1 y 92.1 LOTC, declaró que subsiste el deber de esas Autoridades y cargos públicos, expresada en la providencia de 7 de septiembre de 2017 (antecedente segundo de esta Sentencia), referida ahora a impedir o paralizado cualquier iniciativa que pudiera supone ignorar o eludir el fallo de esta sentencia (en sentido similar, STC 90/2017, FJ 13)”. Antes de esta sentencia hay que recordar la providencia citada del 7 de septiembre. El Consejo de Garantías Estatutarias y los letrados del Parlament también se pronunciaron contra la aprobación de estas leyes.
El presidente de la Comisión de Venecia, Thomas Market, declaró el 27 de septiembre lo siguiente: “La Comisión de Venecia -órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa-, nunca ha tomado formalmente posición sobre el caso del referéndum catalán, la consulta convocada para el 1 de octubre no se aviene con el Código de Buenas Conductas para referendos de ese organismos, ya que no respeta la Constitución española”. Antes, el 2 de junio del mismo año, Market en respuesta a Carles Puigdemont dijo: “Cualquier referéndum de independencia tendría que hacerse de ACUERDO con las Autoridades españolas y de Conformidad con la Constitución”.
A pesar de la advertencia de los órganos citados anteriormente y con la orden del Gobierno del Estado de no realizar el supuesto referéndum, éste es llevó a cabo contra las leyes democráticas y sin ninguna garantía, sin un censo legal, sin ningún control fuera de los organizadores. El gobierno dio una participación de 2.262.424 millones de personas, sobre un total de 5.553.983, de los cuales 176.566 fueron No, 40.686 en blanco y 20.729 nulos. Una participación del 40.73% con un 36% de Si del total del censo.
Los observadores internacionales, pagados por el Gobierno de la Generalitat (200.000 euros), no consideraron legal la consulta, ni siquiera el procedimiento de la propia votación (EQUIPO INTERNACIONAL DE EXPERTOS ELECTORALES INTERNACIONALES (IEERT, dirigido por la ciudadana de Nueva Zelanda Helena Catt). Ningún organismo internacional apoyó el 1 de octubre, ni antes, ni después de esta fecha.
Todo el mundo conoce estos argumentos y por tanto se puede deducir que del 1 de octubre no puede salir ningún mandato democrático: no se respetaron las leyes, ni las sentencias judiciales.
Daniel Rubio Ruiz
Portavoz del Grupo de Cs, Ayuntamiento de Alcoletge
Historiador
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