Yo voy (a reclamar un Estado de derecho)

El próximo 18 de septiembre, Escuela de todos/Escola de tothom ha convocado una manifestación para reclamar la vehicularidad del castellano y la aplicación de la sentencia del 25 % en las escuelas catalanas que, de forma torticera y con la complicidad del Gobierno de Sánchez, ha sido obviada por una Generalitat en constante rebeldía. Desde el mismo momento en que se anunció, se han multiplicado los artículos que apuntan los motivos para asistir a la manifestación, siendo muchos y variados. Por mi parte, apartándome de las cuestiones lingüísticas o de enseñanza, me gustaría señalar uno fundamental.

El estado liberal-democrático representativo que, aparentemente, impera en España es una construcción política indispensable para resolver conflictos sociales provocados por lógicos intereses contrapuestos y para garantizar la libertad de los ciudadanos y su igualdad ante la ley. En este marco, en un voto de confianza, los ciudadanos transfieren su autoridad individual al estado y establecen las normas que regulan pacíficamente su existencia a través de sus representantes políticos. Es, muy resumidamente, aquello que Hobbes denominó contrato social. De este modo, la soberanía popular recae en la clase política para dictar e imponer leyes – con la Constitución a la cabeza – que, según Rousseau, debían establecerse con los criterios del bien común, en base al debate y al acuerdo públicos.

Por su parte, Montesquieu perfeccionó la idea de Locke de la separación de los poderes – legislativo, ejecutivo y judicial – para incorporar un sistema de garantía de equilibrios, que reforzase todo el entramado institucional del estado asegurando, precisamente, el deseo de libertad y la igualdad de los ciudadanos. Así es cómo se fundamenta el tantas veces mencionado Estado de derecho, es decir, aquel en el que “gobiernan las leyes, no los hombres”, pues está sometido a un orden constitucional y jurídico.

Aquellos que no comulgamos con las ruedas de molino del nacionalismo en Cataluña asistimos, desde hace unos años, a la progresiva degradación del Estado de derecho gracias a una acción transversal – desde la ultraizquierda a la ultraderecha catalanista – que arrolla con todo aquel que discrepa. Desde el momento en que una parte cada vez mayor de la ciudadanía catalana reclama que sus hijos puedan estudiar en su lengua materna, existe un conflicto por resolver, aunque muchos se obstinen en negarlo y tratar de ridiculizarnos. Nuestra libertad y la de nuestros hijos para emplear nuestra lengua en la escuela está quebrantada y, por tanto, hemos perdido la igualdad frente a quienes sí pueden usarla. Para colmo, incluso amigos o familiares nacionalistas – que todos tenemos -, aquellos a los que queremos y nos quieren, comparten sin complejos la postura del independentismo rampante de imponernos su lengua apelando a un hipotético bien común que, en realidad, es sólo su bien nacional, pues no vemos la ventaja de que se vulneren nuestros derechos.

El gran espectro político del nacionalismo, de una punta a la otra, sólo exige sumisión, no busca acuerdos y evita un debate honesto. A quien discrepa, lo tachan de atentar contra la convivencia, pues han vivido demasiado tiempo en su oasis de silencio. Rompen así el contrato social y nos alejan cada vez más de una Generalitat que pierde su autoridad y su legitimidad al demostrar que no tiene reparos en incumplir las sentencias judiciales e incluso practica un perverso juego legislativo que, a conciencia, atenta contra nuestros derechos constitucionales, aunque le permite ganar tiempo para seguir con su imposición. Los equilibrios de Montesquieu se han roto en Cataluña y los poderes ejecutivo y legislativo corren desbocados, pisoteando nuestros derechos, en una huida hacia delante, con la complicidad de tantos y el aplauso de medios de comunicación y redes sociales que no dudan en señalar e insultar al disidente.

Como bien dice Fernando Savater, ver una bandera de España enarbolada en un ayuntamiento es emocionante, pero no por sus colores, el escudo o su diseño, no por la Historia que pueda tener detrás, las gestas de quienes la alzaron en mil batallas o los descubrimientos que se realizaron a su sombra, sino porque allí donde ondea sin complejos, sabemos que nuestros derechos constitucionales serán respetados. Me ocurrirá lo mismo cuando, junto con el catalán, se enseñe también el castellano con naturalidad en las escuelas catalanas. No por su excelente literatura, su universalidad o su rico vocabulario, sino que se emplee sin aspavientos para impartir las más variadas materias, — incluyendo también asignaturas que invitan a la reflexión como la Historia o la Filosofía –, pues cuando esto ocurra sabré que en los colegios catalanes se respetan los derechos constitucionales de todos los niños, entre ellos mis hijos.

En Cataluña no hay gobierno de las leyes y, por tanto, no hay Estado de derecho, por eso asistiré a la manifestación del 18 de septiembre en Barcelona convocada por Escuela de todos/Escola de tothom.

#YoVoy18SBCN #EspañolLenguaVehicular

Carlos Basté es presidente de la Asociación por la Tolerancia

NOTA DE LA REDACCIÓN DE ELCATALÁN: En estos momentos de crisis y de hundimiento de publicidad, elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo y de denuncia de los abusos secesionistas. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí.