
Estamos ante una situación que, si bien formalmente no tendría por qué plantear problemas, puesto que las Comunidades Autónomas pueden realizar acción exterior en el marco de sus competencias, no podemos concebir como «inocente» la que realiza el Diplocat.
Desde sus inicios este órgano de la Generalitat representa la más genuina deslealtad constitucional y estatutaria, pues se ha dedicado y se dedica esencialmente a promover la ruptura con España.
Generosamente financiado, el Diplocat, realiza una labor de zapa, de acoso y derribo del constitucionalismo en el exterior, con vulneración de los más elementales principios constitucionales.
Por ello, aunque viene resultando difícil, a tenor de lo expuesto desde el Gobierno de España, prohibir jurídicamente su existencia, sí que sería políticamente correcto que desde el constitucionalismo no se hiciera el juego a semejante actividad desleal.
Teresa Freixes
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