Velar por la ley

 

Da gusto comprobar que meses antes de la fecha anunciada por Carles Puigdemont tanto los Tribunales, como la Fiscalía, como los Cuerpos de Seguridad del Estado estén investigando cualquier resquicio de ilegalidad, a diferencia del 9N, una auténtica falla en el Estado de derecho. Esta es la mejor vía para que muchos activistas independentistas de esos que actúan si su comportamiento no tiene ningún tipo de consecuencia por muy ilegal que sea lo que hagan, se lo piensen dos veces.

Que los Cuerpos de Seguridad del Estado estén interrogando a funcionarios de la Generalitat sobre la campaña institucional que anima a los catalanes residentes en el extranjero a que se registren en el censo para votar en la consulta es otro paso positivo. Qué tengan claro que la impunidad no existe en los países democráticos, y que incumplir la ley tiene consecuencias.

El vulnerar los derechos de la mayoría de catalanes que no somos independentistas, que es el día a día de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y sus aliados,  no puede ser permitido. Los cantos a la “desobediencia” por parte del sector más radical de secesionismo son inadmisibles en un país democrático como España.


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