Una historia de una funcionaria no AFÍN al régimen establecido por la Generalidad de Cataluña

La ex caporal de los Mossos d’Esquadra Inma Alcolea nos ha remitido este escrito sobre lo que ha sufrido desde que aprobó unas oposiciones a la Generalitat. El texto íntegro es el siguiente:

Mi primer contacto con el secuestro que he mantenido, como funcionaria autonómica durante más de 23 años con un régimen, al que yo considero dictatorial y fuera de la ley, se inicia en el año 1997.

Yo era una pobre licenciada en Derecho llegada de Zaragoza a la que la habían suspendido el último examen de la oposición al Cuerpo Jurídico Militar y que había aprobado unas oposiciones, sencillas, al Cuerpo de Policía autonómica de los Mozos de Escuadra.

Una historia más entre muchas otras, si no fuera por algún detalle que os quiero relatar. En el año 1996 yo accedo a la Escuela de Policía de Cataluña de los Mozos de Escuadra. Mi intención era independizarme y seguir estudiando para llegar a completar mi sueño y pertenecer a los cuerpos comunes del Ejército Español.

Mi primer contacto con la realidad catalana, supremacista y xenófoba, fue una conversación con mi instructor de la sección A-8, el agente de mozos P. Pérez. Esta conversación me advertía sobre la peligrosidad que suponía para mí, seguir, fuera de mis horas lectivas, hablando con mis compañeros en español. Nos advirtió a mi y a mis compañeros de clase que si yo mantenía mi actitud en seguir hablando español (FUERA DE LAS HORAS LECTIVAS) me echarían.

Parece inaudito, ¿verdad? Pues estoy hablando del año 1997, Escuela de Policía de Cataluña en Barcelona.

Así que, aunque sorprendida, empecé con mis 26 años a sufrir la obligatoriedad de hablar catalán SÍ o SÍ. Una vez fuera de la escuela, y con mi plaza de funcionaria fija, me saqué el título más alto en la lengua catalana, el anterior NIVEL D y dejé de hablar catalán. Yo me di cuenta que debía mentir, y decir que era oriunda de Zaragoza para que en mi destino definitivo, Gerona, mis propios compañeros no me pusieran mala cara si les respondía en español.

Y así pasaron los años. Yo no claudiqué. Sabía que me llamaban la «moza facha» por el simple hecho de hablar en mi idioma materno, pero también sabía que ejercía el derecho que me protegía.

Así transcurrieron 23 años hasta los años más duros del «prusés». Llegó un momento que tuve que aguantar a un mando, un subinspector que actualmente está de segundo dirigiendo una comisaría. Me llamaba colona, desagradecida e inadaptada.

Las faltas de respeto que llegamos a aguantar todos aquellos funcionarios que no comulgamos con la ideología nazionalista es verdaderamente un riesgo laboral. Me sentía extranjera en mi tierra, extranjera en mi país. La criminalización que ha llevado a cabo el nazionalismo contra la legitimidad del español en Cataluña nos ha dejado sin palabras.

Desde mucho antes de este maldito “prusés” están llevando a cabo lo que llamaría como una “limpieza lingüística“ llevada a cabo por la voluntad de erradicar el castellano en Cataluña, Y cuando alguien se ha atrevido, se nos ha estigmatizado, yo era la «moza facha».

Pero mi problema actual ya no se centra en la estigmatización sufrida antaño por mi voluntad consciente de no dejar de lado mi idioma materno, y hacer cumplimiento del derecho establecido en el art. 3º de la Constitución y 6º del Estatuto de Autonomía.

Con la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Supremo al artículo 6 del inicial Estatuto de 2006, el idioma catalán deja de ser preferente en la Administración Catalana. A pesar de esta inconstitucionalidad existen, y están vigentes, cientos de procedimientos normativos de trabajo en la policía autonómica que te obligan a hablar en catalán. Por ejemplo, al usar la emisora. Nadie se atreve a hablar en español en una emisora de la policía catalana. Será porque todavía es una policía joven y porque antaño todos queríamos ascender y no era nuestra intención crear problemas, que no creíamos que fueran problemas.

Pero, ¿qué ocurre cuando un simple ciudadano, un funcionario, lucha contra la fiera de la Administración Pública en una CCAA cuyo gobierno y Administración actúa como una organización criminal? Pues que tienes un problema, un verdadero problema.

El inicio de mi problema viene de un expediente disciplinario que me lleva a estar 16 meses inmersa en medidas cautelares y con expedientes que van iniciando y caducando por los mismos hechos. Eso hace que un mismo procedimiento se convierta en dos, y que tres medidas cautelares distintas se conviertan en otros dos procedimientos.

O sea, tenemos por unos mismos hechos cuatro procedimientos administrativos y cuatro procedimientos que debes sufragar para acudir a defender tus intereses a la justicia.

Y todo tan fuera de la ley como el incumplimiento, por parte de la Administración de la Generalidad de la Ley de Procedimiento administrativo en cuanto a que un expediente no puede durar más de 6 meses y unas medidas cautelares no pueden tampoco durar más de seis meses.

Es sencillo.

La administración de la Generalidad o como la llamaba la Fiscal Madrigal, Organización Criminal, puede incumplir la ley contra los funcionarios porque sus actos jamás nadie diría que tienen falsa apariencia de legalidad.

Pero voy a ir más allá. Además de pagar los cuatro procedimientos administrativos que te han abierto, el primer disciplinario caducado, el segundo, las primeras medidas cautelares del primer disciplinario y las segundas medidas cautelares, todo eso lo tienes que llevar, una vez ellos resuelven en tu contra, a la vía judicial.

Ellos disponen de abogados en nómina. Letrados de la Generalidad para recurrir todo lo que tú haces y que cuando ganas en los Tribunales vuelven a interponer la correspondiente denuncia.

Resoluciones en la justicia que dictaminan que tus medidas cautelares son ilegales y están sin motivar. Pero que, sin embargo, mientras tú gastas más de 3.000 euros en sacar tu recurso adelante, más por dignidad que por practicidad, la justicia no te otorga ni un euro en costas. NI UN EURO. Facturas de abogados de más de 2.300 euros y de procurador de más de 1.000 en ambas vías judiciales, la inicial en el contencioso ganada, y la segunda instancia en el Superior de Justicia de Cataluña. Es decir que para recuperar 1.000 euros de sueldo que te han robado, tu gastas 3.300 euros.

No contentos con la resolución negativa hacia sus intereses, y 0 en costas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la organización criminal de la Generalidad de Cataluña decide exprimirte un poco más. Decide exprimirte a nivel judicial, tanto económica como psicológicamente y decide acudir al Tribunal Supremo.

Lo que no hace con habitualidad con ningún funcionario, lo hace conmigo. Debo ser de la raza superior. Pero por DIGNIDAD, por JUSTICIA, y por no darles jamás la razón, donde no la tienen, acudiremos a defendernos ante el Tribunal Supremo. Nos vamos a Madrid.

Y cuando todo esto acabe allá, dentro de 5 años, les interpondré una demanda por reclamación patrimonial, para recuperar todo el daño que me han hecho a nivel económico. A nivel psicológico solo me queda la rabia, la tristeza, la indefensión, la desprotección y la injusticia.

Eso es uno de los ejemplos de ser funcionaria de la Generalidad de Cataluña, también llamada organización criminal.

(NOTA: En estos momentos de crisis y de hundimiento de publicidad, elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo y de denuncia de los abusos secesionistas. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí).