La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) y la Agrupación de Enseñanza de Societat Civil Catalana (SCC) han elaborado conjuntamente un informe de 355 páginas que recogen un buen número de evidencias sobre la instrumentalización política de los centros educativos catalanes en torno al referendo ilegal del pasado 1 de octubre.
Durante el acto de presentación, celebrado este jueves en el Colegio de Periodistas de Cataluña, José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, subrayó que este documento es el resultado de más de 500 denuncias que llegaron a ambas entidades por diferentes vías. Domingo criticó con dureza al Presidente de la Generalitat por haber asistido esa misma mañana al Institut Palau de Sant Andreu de la Barca para dar apoyo a los profesores investigados por señalar a hijos de guardias civiles tras el 1-O, mientras que estos menores no han contado con ningún amparo institucional durante todo este tiempo.
La responsable de la Agrupación de Enseñanza de SCC y miembro de la AEB, Nuria Plaza, resaltó la labor coordinada de todo el “engranaje nacionalista”, desde «la entonces consejera Ponsatí, que destituyó por dos días a los directores de los centros, hasta las asociaciones de padres que, en connivencia con los CDR, garantizaron que las escuelas e institutos que eran colegios electorales permaneciesen abiertos todo el fin de semana del referendo ilegal con el pretexto de la celebración de fiestas de inicio de curso».
Plaza denunció el rol de no pocos directores y profesores, que promovieron o consintieron multitud de comunicados políticos de los centros así como la movilización de menores para protestar por las cargas policiales del 1-O, sin olvidar la más que llamativa profusión de simbología nacionalista en los centros educativos. Todo ello con la «complicidad de los inspectores, hasta el punto de que el único que reclamó una investigación sobre lo que estaba ocurriendo fue objeto de un expediente administrativo». También criticó con dureza el rol de algunos sindicatos de profesores como voceros de la “escola catalana en lengua y contenidos” y el enfoque «sesgado, que trata de romper el vínculo emocional con España, de bastantes libros de texto y ejercicios que constan en las denuncias recibidas».
La presidenta de la AEB, Ana Losada, subrayó que, a partir de todas las evidencias que se recogen en el informe, «se hace imprescindible abrir un debate sobre la escuela catalana y exigió que se deje de criminalizar a quienes lo reclaman». Losada apeló con contundencia a los gobiernos y partidos para que actúen con «responsabilidad en este tema por cuanto la convivencia en Cataluña corre un serio riesgo si no se diseña una política educativa que sea realmente respetuosa con todas las sensibilidades».
La presidenta de la AEB mostró su «preocupación por los abundantes indicios de nuevas presiones nacionalistas en el entorno escolar», animó a las familias a denunciarlas y exigió a las autoridades educativas que respeten los derechos de los menores.
El informe será elevado en breve al Parlamento de Cataluña, al Congreso de los Diputados, al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo.
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