Trapergate

El 8 de agosto de 1974 Richard Nixon, a la sazón presidente de la nación más poderosa del mundo, presentó su dimisión como consecuencia del Caso Watergate, un affair que sacó a la luz pública la intervención de comunicaciones del Partido Demócrata ordenadas por Nixon.

El alcance de estas actividades ilícitas palidece ante lo que empieza a salir a la superficie después de que el pasado día 26 de octubre la Policía Nacional impidiese a los Mossos la incineración de documentación que, entre otras perlas, y de acuerdo con las últimas noticias, contenía documentos que vendrían a probar una vigilancia sistemática y oficial por parte de la policía catalana de políticos de la oposición.

La seriedad de estos presuntos hechos es de tal magnitud que nos lleva a poner en duda la supervivencia de una estructura de mando policial que ha permitido las condiciones para que un asunto de tan extrema gravedad haya sido posible. En toda sociedad democrática, los ciudadanos otorgan privilegios de fuerza a la policía a cambio de que ésta sea la garante de las libertades y derechos comunes. Si el espionaje a Albiol y a Millo por parte de un cuerpo secreto de los Mossos se prueba, la policía catalana habrá roto la invisible pero vital cadena de confianza entre la institución y la ciudadanía, y se habrá hecho inmerecedora de contar con un apoyo social amplio, porque si los hecho se demuestran, probarían que una parte de la policía autonómica se había convertido en una policía política privada, al servicio de una coalición de gobierno.

Sobre todo porque llueve sobre mojado, después de los hechos del 20 de septiembre alrededor de la Consellería d´Economia, los del 1 de octubre y la aparente complicidad de algún policía autonómico en la fuga de la justicia del investigado Puigdemont. Estas no son meras anécdotas, sino que apuntan a una categoría inadmisible en un Estado de Derecho del que estos policías son custodios.

No hay más que una investigación comprehensiva que parta de los propios asuntos internos de los Mossos d´Escuadra que identifique, depure e impida que en lo sucesivo estas anomalías policiales sean siquiera imaginables, esté quien esté a cargo del Govern de la Generalitat. Solo cuando la propia policía catalana nos demuestre que tiene lo que hace falta para tomar el toro por los cuernos y depure las responsabilidad estructurales y particulares que han permitido esta cadena de animalidades sistémicas podrán aspirar a contar con la confianza del conjunto de la sociedad catalana y del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles.


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