No he pretendido en ningún momento sacar punta a lo acontecido el pasado 6 de diciembre, festividad de La Constitución, en la celebración que Espanya i Catalans organizó en el centro de la Ciudad Condal con motivo del homenaje de la ciudadanía catalana por el 39º aniversario de nuestra Carta Magna.
Pero no es óbice para que, como representante de la entidad organizadora, haga una nimia valoración de lo que sucedió tras la cívica y populosa manifestación por Vía Layetana, en el momento de la clausura del acto estando ya concentrados en Plaza de San Jaime de Barcelona. En tal sentido, he pretendido aprovechar mi columna semanal en este medio para ello.
Ya expresamos, en las alocuciones finales, nuestro malestar por la negativa municipal a la hora de instalar un escenario móvil de dimensiones reducidas y un sistema de megafonía acorde a los metros cuadrados de la Plaza de San Jaime, con intención de que llegasen los mensajes de los representantes de las entidades a todos los asistentes que rebosaban con holgura la mencionada plaza.
En este sentido, permitidme que os informe que la logística organizativa se había llevado a cabo con suma pulcritud y con la colaboración de varias entidades que participaron en la preparación de la jornada. Pero la víspera del 6D, el 5 de diciembre a las 14:11 horas, el responsable de permisos recibió una notificación por correo electrónico denegando la instalación de dicha infraestructura. Esa fue la razón de tener que improvisar con suma urgencia, contrarreloj, para disponer de una alternativa que permitiera concluir el acto de la forma más digna posible sin contradecir el mensaje llegado desde el gobierno municipal.
La entidad organizadora, a diferencia de las de la otra orilla, no dispone de inyecciones presupuestarias públicas, con lo que podéis imaginar lo que supone tener escenario, paneles decorativos del escenario móvil y megafonía, oportunamente gestionados y apalabrados con los diferentes proveedores. A lo que debe sumarse, como añadidura, los costes sobrevenidos para «salir del paso».
Lo cierto es que pensaba ahorrarme comentar todo esto, porque ya sabemos todos lo que compete en situaciones en las que la vara de medir tiene en cuenta que nos manifestamos defendiendo la unidad de España y nuestro marco legal constitucional. Y no veo conveniente rizar el rizo con conclusiones que todos ya imagináis y tenéis claro.
Pero hay algo que me duele sobremanera. Más allá de diferencias de trato según quien convoque actos, lo que me parece poco convincente es el argumento esgrimido en la denegación de permiso al decir que en dicha plaza no se admiten actos políticos (¿de todos?). Y no puedo obviar lo insultante que supone para ciudadanos normales y corrientes ser tildados como extremistas por defender el marco legal que ampara a todos los españoles. Al saber que, según un acuerdo municipal de la mano del verdadero extremismo, se cerró la posibilidad a que hubiesen actos de la «extrema derecha» y, bajo ese paraguas, entendemos se fraguó la denegación aludida.
Es denigrante que en un país como el nuestro un acto que defiende su unidad y la legalidad constitucional vigente, celebrando su aniversario, se catalogue como un acto político y extremista, aprovechando para tildar a los miles de participantes en él de modo despectivo, con la interesada intención de oscurecer el mensaje festivo de los catalanes leales y legales.
Que cada cual saque sus conclusiones y actúe en consecuencia el próximo 21D, cuando tenga la posibilidad de quitarse de encima todo el odio y sinrazón que supone el separatismo que, os recuerdo, viene de la mano de los que lo aplauden, lo motivan, o lo alimentan ocultos en una falsa y electoral indiferencia.
Javier Megino es Vicepresidente Ejecutivo de Espanya i Catalans
no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya.
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