Se equivocan profundamente quienes se oponen a la aplicación del art. 155 CE en estos momentos. Y más cuando esa oposición viene de sectores que se reclaman del federalismo.
Por una parte, porque desprecian el principio de lealtad federal, cuya quiebra unilateral y aguda por parte del secesionismo es lo que ha desencadenado su aplicación, como se habría hecho en cualquiera de los Estados miembros de la UE de darse una situación parecida, y como se ha realizado en diversas ocasiones en EE.UU. cuando cualquier autoridad estatal (de cualquier Estado de la Federación) se ha resistido a la aplicación de las leyes federales o de las sentencias del Tribunal Supremo. El federalismo exige que cada uno de los niveles federativos cumpla con los principios y las reglas que, democráticamente y de común acuerdo, se han establecido, para cada uno y para el conjunto.
Por otra parte, porque están centrando el problema en cuestiones puntuales y no en una apreciación de la situación en su complejidad. El art. 155 se ha activado, y ello así consta en el documento enviado por el Gobierno al Senado pero que ha estado pactado con los otros dos grandes partidos del arco constitucional, PSOE y Ciudadanos, por el reiterado y pertinaz incumplimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en forma voluntaria y desleal, que durante los últimos tiempos han venido protagonizando las instituciones dominadas por el secesionismo. No se trata, pues, de que Puigdemont convoque elecciones y aquí paz y allá gloria, situaciones que es evidente no se van a producir por más que se adelanten las elecciones.
Además, en esta posición subyace una equidistancia inmoral. Es inmoral, además de inapropiada, porque no se puede situar en el mismo plano a quien declara sistemáticamente que no piensan cumplir las leyes ni acatar las sentencias y a quienes, equivocándose o no en la interpretación y/o aplicación que hacen de las mismas, defienden el Estado de Derecho y la democracia, que son básicos para el ejercicio de los derechos que la Constitución reconoce.
Se equivocan también cuando aseguran que todo podría cambiar si es el propio Govern de la Generalitat quien convoque elecciones, porque ello sería un gesto que les situaría de nuevo en el marco de la legalidad. Yerran más que profundamente. Si Puigdemont lo hace no será para regresar a la normalidad institucional, porque el sistema que han creado desde el secesionismo está tan corrompido en todos sus ámbitos que lo único que esta convocatoria electoral lograría sería reforzar esa corrupción moral, institucional y económica que ha presidido la acción política del secesionismo.
Porque, para que unas elecciones cumplan con los estándares internacionales y, en concreto, con el Código de buenas prácticas sobre elecciones de la Comisión de Venecia (sí, además del Código de buenas prácticas sobre referendos, la Comisión de Venecia tiene también un Código de buenas prácticas sobre elecciones), uno de los principios básicos con que deben afrontarse los comicios es con la neutralidad ideológica de las instituciones, fundamentalmente de los gobiernos, para garantizar la igualdad de armas entre las distintas opciones, la transparencia, la información veraz y todas las garantías que deben acompañar al voto y su recuento. Es evidente que, mientras el secesionismo continúe con la propaganda de su “neohistoria”, su “posverdad” y demás instrumentos manipulativos, puestos en práctica por el conjunto de las administraciones y servicios que controla, los estándares internacionales brillan por su ausencia.
De ahí que considere un error que, desde una pretendidamente bien intencionada “equidistancia” se propague la idea de que con un simple “gesto” se pueda restaurar el orden constitucional en Cataluña. Porque de eso de trata, no de contemporizar entre determinados políticos para que la cena de Navidad, que ya está próxima, sirva para continuar marcando las líneas cortoplacistas que desnaturalizan los principios constitucionales y europeos que crean en forma correcta los lazos de ciudadanía.
Teresa Freixes es catedrática de Derecho Constitucional y presidenta de Concordia Cívica
no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya ni de otros organismos públicos.
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