El diario ‘El Mundo’ denunció hace unos días como diversas escuelas de Cataluña están presionando a los profesores para que, en las reuniones con las familias, sigan hablando en catalán incluso cuando los padres de sus alumnos se dirigen a ellos en español. La consigna es resistirse a cambiar de idioma, a toda costa. La intolerancia lingüística como orden a unos funcionarios públicos.
Y puso como ejemplo al instituto público Frederic Mompou, en la localidad barcelonesa de Sant Vicenç dels Horts, en cuyo proyecto lingüístico, publicado por ‘El Mundo’, ordena que «la interacción que se establece entre el profesorado y las familias será siempre en catalán, independientemente del origen de la familia», despreciando así los derechos lingüísticos de los catalanes castellanoparlantes a ser atendidos en una de las dos lenguas oficiales en Cataluña, el español.
En el proyecto lingüístico se pone énfasis en el modesto nivel socioeconómico de algunas de las familias, para incidir en la necesidad de seguir hablando en catalán, y aunque insistan en qué no lo entienden tratar de convencerles de las bondades de saber catalán. Solo en casos extremos la dirección del Frederic Mompou recomiendan que los profesores usen el español «para no dar argumentos» a quien «utilizan la lengua como una herramienta de conflicto».
Esta prueba de supremacismo lingüístico, al vulnerar los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes no es una excepción, dado que la Generalitat está presionando a las direcciones de los centros escolares para arrinconar al español como lengua de uso social. La persecución del castellano por parte de los partidos separatistas está alcanzado cotas intolerables, como la falta de respeto a los padres de alumnos en diversos centros escolares.
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