La obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a Vivienda de Protección Oficial (VPO) se implementó con un objetivo social ambicioso: aumentar el parque de vivienda asequible en Barcelona. Sin embargo, la realidad ha sido tozuda y muy distinta: esta medida no solo no ha creado vivienda, sino que ha provocado un parón absoluto en la construcción.
La propuesta de Daniel Sirera, presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, de eliminar esta reserva es un movimiento valiente y, sobre todo, pragmático. Es un reconocimiento de que, a veces, las buenas intenciones se traducen en barreras burocráticas y económicas que paralizan la actividad.
Desde su entrada en vigor, la norma del 30% ha disuadido a los promotores. La dificultad para cuadrar los costes de construcción con los precios tasados de la VPO hace que muchos proyectos sean inviables financieramente. El resultado es una estadística demoledora: el número de licencias de obra nueva se ha desplomado y, con ello, la capacidad de Barcelona para generar tanto vivienda libre como la propia VPO.
Sirera señala que la solución pasa por derogar este error que ha lastrado el desarrollo urbano. Si el objetivo es construir, hay que eliminar los obstáculos que impiden hacerlo. Y propone un acuerdo de ciudad entre el PSC, Junts y ellos mismos. El problema de la vivienda es transversal y requiere de una visión de largo plazo que trascienda las etiquetas políticas.
El PP defiende que eliminar el 30% y buscar alternativas más eficaces —como la colaboración público-privada o la utilización de suelo público para promociones al 100% de VPO— es la vía para reactivar el mercado. La prioridad debe ser dotar a Barcelona del stock de viviendas que necesita su ciudadanía, no mantener una norma que solo sirve para frenar la inversión y agravar la escasez.
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