El presidente del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, ha pedido al Ayuntamiento que muestre su compromiso con la seguridad jurídica y la libertad de establecimiento de las empresas. De hecho, el Partido Popular presentará esta proposición en el pleno de este mes.
Con esta proposición, Sirera ha querido hacer hincapié en la necesidad “de rechazar la imposición de sancionar a las empresas que trasladaron su sede social de Cataluña a otras CC.AA durante el procès y proteger la economía barcelonesa de las ocurrencias de Sánchez y Puigdemont”.
Después de la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 y hasta la actualidad, unas 8700 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otras CC.AA, por razones de estabilidad y seguridad jurídica. Caixabank, Planeta, Naturgy o Endesa son algunos ejemplos. Todas las empresas sumaban una facturación de 50.500 millones de euros al año, lo que representa una quinta parte del PIB catalán.
Por todo ello, el dirigente popular ha querido denunciar que “Junts ha demostrado ser tan nocivo para las empresas como la izquierda de Colau”. Finalmente, ha pedido al Ayuntamiento que “muestre su apoyo a todas las empresas barcelonesas, y catalanas en general, que decidieron trasladarse buscando seguridad jurídica”.
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