El Primer Informe de Convivencia Lingüística que ha llevado a cabo Societat Civil Catalana muestra con detalle el extrañamiento y la exclusión habitual que sufre el español en las políticas culturales y lingüísticas en Cataluña. Así, sólo un 5% de las iniciativas de promoción lingüística de la Generalitat tenían base bilingüe, mientras que todas las impulsadas por las administraciones del Estado en Cataluña lo eran. Como concluye el informe, “existe una desigualdad de trato por parte de las administraciones públicas catalanas a los ciudadanos en función de su lengua”.
De este modo, el 55% de catalanes, que tienen el español como lengua materna, viven un proceso de exclusión cultural o aculturación injustificado. De hecho, si nos ceñimos a los organismos públicos catalanes, hay 9 veces más iniciativas de promoción lingüístico-cultural per cápita para catalanohablates que para hispanohablantes. Durante los últimos tres meses, los hispanohablantes han quedado totalmente excluidos de las ayudas y subvenciones a la cultura, y no se ofertó ningún recurso cultural o lingüístico en español. Se genera así una clara asimetría, pues los proyectos culturales del Ministerio sí abarcan todas las lenguas del Estado.
Estas conclusiones se desprenden del primer Informe sobre Convivencia Lingüística en Cataluña, dirigido por la historiadora y antropóloga cultural Ángela Herrero y elaborado conjuntamente por un equipo de investigadores. El trabajo es la primera iniciativa del Observatorio de Convivencia Lingüística, que SCC puso en marcha a principios de 2020 como una “herramienta para registrar las políticas e iniciativas lingüísticas tanto públicas como privadas, y analizar sus efectos en la igualdad, la libertad y la convivencia, así como para consignar las quejas y conflictos, que por razón de lengua ocurran en Cataluña”.
El informe ha cuidado particularmente el rigor metodológico y la minuciosidad en la búsqueda de informaciones. De hecho, recoge tanto las quejas que se han producido entre catalanohablantes como las reclamaciones de personas castellanohablantes, independientemente de su ideología o de la naturaleza de la demanda.
El I Informe de Convivencia Lingüística ha procurado recoger todas las quejas y conflictos que la problemática lingüística ha generado durante los meses del confinamiento, desde ciudadanos que pedían información médica en español hasta otros ciudadanos que lamentaban que la Guardia Civil no les atendiera en catalán, pasando por las demandas de plataformas lingüísticas de distinto signo. Se han analizado 65 situaciones conflictivas.
Es llamativo que la mayoría de quejas y reclamaciones se han realizado -en sentidos opuestos- sobre las administraciones públicas. Como destaca Herrero, “son las administraciones públicas las que causan mayoritariamente las quejas, es así por lo menos para un 68% de las quejas hispanohablantes y un 78% de los catalanohablantes”. Más que de un conflicto social se trata, pues, de una problemática institucional, en tanto que las instituciones y su expresión lingüística no se adapta a la realidad social.
Entre los hispanohablantes las quejas mayoritarias se refieren a la falta de bilingüismo, mientras las demandas entre catalanohablantes proceden de la no utilización de la lengua propia. Entre los hispanohablantes la mayoría de peticiones proceden de ciudadanos de a pie, mientras que entre los catalanohablantes predominan las reivindicaciones de entidades lingüísticas y de representantes políticos.
Otra de las conclusiones del informe es la clara asimetría que existe en las políticas lingüísticas en Cataluña. El apartado 3.1 (Iniciativas lingüísticas y culturales) retrata la exclusión del español en las iniciativas culturales de la Generalitat. Sólo ha sido posible identificar un concurso bilingüe de la Generalitat estos últimos meses (de los FGC), que contrasta con los 68 proyectos de fomento del catalán que se aprobaron durante 2019 y con la frenética actividad de diversos entes de la Generalitat para impulsar la lengua propia durante el tiempo del confinamiento.
El Informe describe detalladamente estas iniciativas desarrolladas por la Conselleria de Cultura, la Institució de les Lletres Catalanes, la Direcció General de Política Lingüística, la Oficina de Garanties Lingüístiques, el Consorci per a la Normalització Lingüística, etc. La conclusión es demoledora. Sólo el 5% de las iniciativas lingüísticas de la Generalitat incluye a los hispanohablantes. Es muy llamativo que todas las acciones de órganos estatales en este ámbito sean bilingües.
Si bien en el ámbito municipal tienen algo más de juego las dos lenguas habituales de los catalanes, la descompensación y el extrañamiento del español sigue siendo muy notable en el ámbito municipal y en las iniciativas de las diputaciones. Frente a los siete concursos municipales donde se admitían textos en los dos idiomas, se han encontrado 26 concursos monolingües donde se excluía la lengua materna de la mitad de los catalanes. El informe describe también las actividades de diversas entidades dedicadas a promocionar las lenguas en Cataluña. En su conjunto, el 69% de los premios literarios en Cataluña se ofrecen exclusivamente a quien presenta sus textos en catalán.
Por todo ello Societat Civil Catalana reclama la inmediata normalización del español en la vida institucional y en el espacio público catalán. Tras la “normalización lingüística” que se llevó a cabo al recuperar la democracia y el autogobierno, ha llegado la hora de una “segunda ola normalizadora” que haga normal en las instituciones lo que es normal y valioso para la inmensa mayoría de catalanes, sus dos lenguas propias. Esta segunda normalización linguística es una premisa esencial para que Cataluña recupere la armonía cívica y política y pueda mirar al futuro sin exclusiones.
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