El reciente encuentro público entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras no fue, ni mucho menos, el inicio de su relación, sino el colofón de una estrategia cocinada en la clandestinidad. Lo que se presentó como una reunión inaugural en la Moncloa era, en realidad, la tercera cita de un hilo directo entre el presidente y el líder de ERC que el Gobierno prefirió ocultar a la opinión pública hasta que los números encajaron.
Ha sido el propio Junqueras quien, con una naturalidad que incomoda en Madrid, ha aireado estos contactos previos. Bajo la premisa de negociar «incluso en el infierno», el líder de ERC ha dejado en evidencia que la transparencia no es una prioridad para este Ejecutivo. La Moncloa, tras verse forzada por las declaraciones del independentista, ha tenido que admitir que las conversaciones privadas han sido el motor real de la legislatura.
Este oscurantismo responde a una necesidad de supervivencia política evidente. Sánchez necesita a Esquerra para agotar el mandato y, para lograrlo, parece dispuesto a normalizar reuniones que, en cualquier otra democracia europea, exigirían un ejercicio de rendición de cuentas inmediato. La sombra de la sospecha sobre qué más se ha acordado en esas citas secretas planea sobre un Gobierno que hace de la necesidad virtud.
Resulta llamativo que, mientras con Junqueras la relación es fluida y discreta, el Gobierno marque distancias públicas con otras figuras de su bloque de investidura. Desde el entorno de Sánchez se apresuran a negar encuentros similares con Arnaldo Otegi o Carles Puigdemont. Sin embargo, tras las mentiras piadosas sobre Junqueras, la credibilidad de estas negativas oficiales queda seriamente comprometida ante los ciudadanos.
El precio de este idilio secreto ya tiene cifras sobre la mesa. La ministra María Jesús Montero ha presentado un modelo de financiación que inyectará 21.000 millones de euros extra a las comunidades autónomas. De esa tarta, la Generalitat de Cataluña se asegura una porción de 4.700 millones de euros, consolidando un privilegio que el resto de regiones observa con creciente recelo y sensación de agravio comparativo.
El nuevo sistema introduce el llamado principio de ordinalidad, diseñado específicamente para satisfacer las exigencias catalanas. Según este esquema, Cataluña será la tercera en aportar al Estado y también la tercera en recibir fondos. Es un traje a medida para ERC que busca aplacar las críticas internas en el independentismo, aunque para ello se rompa el equilibrio de solidaridad territorial que rige en España.
Sin embargo, este complejo encaje de bolillos financiero todavía debe superar el trámite del Congreso de los Diputados. La aritmética parlamentaria es el gran obstáculo de Sánchez, ya que Junts per Catalunya se mantiene en el «no» rotundo. Los de Puigdemont consideran insuficiente cualquier reforma que no saque a Cataluña del régimen común para otorgarle un concierto económico similar al vasco.
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