El digital The Objective ha narrado, y el genial dibujante de ABC Puebla ha denunciado, que las personas afectadas en España por la talidomida durante el período 1950-1985 han sufrido un ‘sablazo’ por parte de Hacienda del 47% en el momento de recibir sus indemnizaciones, que han llegado con más de cinco años de retraso.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 instaba al Gobierno central a indemnizar a los afectados por la talidomida con una cantidad de 12.000 euros por punto de grado de discapacidad. Pero la aprobación del decreto para indemnizar a estas personas tras un lustro de espera llegó, sin explicaciones, cinco años después, en julio de 2023.
La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) informó a The Objective que en las últimas semanas dieciséis personas de las 130 reconocidas en España por el Estado han comenzado a recibir esta ayuda. Aunque de momento la Administración solo ha emitido 46 resoluciones positivas.
Esta asociación ha denunciado que los afectados han de tributar hasta casi la mitad del dinero percibido quedando fuera del artículo 7 de Rentas exentas de la ley del IRPF, donde se regulan algunas exenciones a ayudas ligadas a enfermedades, como afectados por el VIH o personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C.
El vicepresidente de Avite, Rafael Basterrechea, ha declarado a The Objective que le «gustaría saber» el «por qué nosotros quedamos fuera de esta exención». Y pone el ejemplo de un afectado por talidomida que, con un grado de discapacidad del 90% y que le corresponde recibir una ayuda de 1.080.000 euros, ha ingresado 572.000 euros, descontándole el Gobierno de Pedro Sánchez 507.600 euros.
España ha sido el único país que hasta la fecha no había indemnizado a las víctimas. Por ejemplo, Australia lo hizo desde 1960, y otras naciones como Alemania, Estados Unidos o Portugal hace años que lo hicieron. Entre 1950 y 1985, miles de mujeres embarazadas tomaron talidomida, que era un medicamento que se facilitaba sin receta para combatir las náuseas o mareos.
Poco después de su introducción en el mercado se detectó un aumento de niños nacidos con alteraciones genéticas graves. En España los primeros casos de afectados por el consumo de esta sustancia se detectaron a inicios de 1960, pero el medicamento no se retiró del mercado hasta 1985.
En el resto de países en los que se vendía se hizo veintidós años antes, en 1963. En ese período nacieron en España unos tres mil niños con alteraciones genéticas, como extremidades más cortas o atrofiadas, o directamente sin extremidades, pero el Estado solo ha reconocido 130 casos.
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