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El Catalán Opinión

La visita de la comisión lingüística europea a Cataluña

"La portavoz de la comisión europea, Yana Toom, comentó que se había coartado la libertad de expresión de los equipos directivos"

Por Antonio Jimeno
martes, 9 de enero de 2024
en Opinión
5 mins read
 

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Una comisión del Parlamento Europeo (PE) vino a Cataluña el pasado mes de diciembre para conocer “in situ” el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán que, desde hace ya décadas, está establecido en Cataluña para los alumnos castellanohablantes desde los tres años. La comisión oficial estaba constituida por seis eurodiputados encabezados por la estonia Yana Toom. Les acompañaban otros seis eurodiputados de diferentes grupos políticos europeos, con la ausencia del representante del grupo socialista que declinó participar.

Estuvieron en Barcelona del 18 al 20 de diciembre de 2023 a petición de varias entidades que llevan años quejándose ante el Parlamento Europeo del perjuicio que ese modelo lingüístico, único en el mundo, provoca en los alumnos catalanes castellanohablantes. Se entrevistaron con varias familias afectadas por esta situación, con responsables del poder judicial, con los directores de dos centros educativos afectados, con representantes de algunas entidades denunciantes como la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), con portavoces del sindicato de profesores USTEC y con el Departamento de Educación de la Generalidad de Cataluña. En el plazo de tres meses emitirán un informe que presentarán a votación a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI).

El lunes 18 de diciembre, tras entrevistarse con las familias, los doce eurodiputados fueron increpados a la salida de “Racistas” y “Fascistas” por grupos independentistas. Al día siguiente, responsables del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) les explicaron que ellos no pudieron aplicar la sentencia de impartir un mínimo de un 25% de las horas de clase en castellano, dado que el Gobierno de Cataluña aprobó, por la vía de urgencia, una ley y un decreto ley que establecían que en el sistema educativo catalán no se puede hablar de porcentajes de lenguas (sic), y que ahora la aplicación de la sentencia «de un mínimo del 25%» dependía de si el Tribunal Constitucional aceptaba o no el criterio de la nueva ley catalana, la que establece que en Cataluña no se puede hablar de cuántas horas se imparten en catalán y cuántas se imparten en castellano, que solo son las horas de la asignatura de lengua castellana. Además, los responsables del TSJC les informaron de que la Alta Inspección Educativa, una entidad directamente dependiente del Ministerio de Educación de España, no había contestado a sus requerimientos, como si no fuera una de sus obligaciones.

En la entrevista con el sindicato USTEC, sus representantes les dijeron que en Cataluña las sentencias judiciales firmes hace años que no se cumplen, porque “lo que piensa la mayoría está por encima de ellas”. Esto refleja perfectamente el poco respeto que dicho sindicato tiene hacia las sentencias judiciales en una democracia.

En la visita a los dos centros educativos, la comisión del PE se encontró con la presencia en ellos de la inspección educativa que depende del Departamento de Educación y de representantes de los Servicios Territoriales de dicho Departamento que contestaron a sus preguntas. Debido a ello, la portavoz de la comisión europea, Yana Toom, comentó que se había coartado la libertad de expresión de los equipos directivos.

En la entrevista con los responsables del Departamento de Educación, la consejera Anna Simó, les explico que el modelo de que solo hubiera una única lengua vehicular, el catalán, pese a que más de la mitad de los alumnos tienen como lengua materna la otra lengua, el castellano, era un modelo de éxito académico, que favorecía la cohesión social. A su regreso a la sede del Parlamento Europeo, la señora Toom comentó que le había sido imposible saber cuántos alumnos reciben un 25% de las clases en castellano y cuántas familias han sido acosadas por pedirlo.

También comentó que el hecho de que haya 30 alumnos de 700 que reciben algunas horas en castellano no es bilingüismo y que una integración forzada no es una auténtica integración, proceso en el que las dos culturas se influyen, sino una asimilación, proceso en el que una de las dos culturas desaparece, que no es admisible que las familias tengan que acudir a los tribunales para conseguir un mínimo de bilingüismo, que ha visto las presiones que se ejercen contra ellas, que esas familias no pretenden que se deje a un lado el catalán, que el catalán no está en peligro y que existe un problema de falta de separación de poderes.

Los bajos resultados de nuestros alumnos de 4º de Primaria en las pruebas internacionales PIRLS 2021 y de nuestros alumnos de 15 años en las pruebas internacionales PISA 2022, en las que Cataluña ha sido la Comunidad Autónoma que más ha bajado, nos están mostrando que en Cataluña no vamos bien, que nuestros gobernantes están hipotecando el futuro laboral de nuestros jóvenes, del que generalmente dependerá todo lo demás, por anteponer objetivos políticos de partido.

Sobre todo están perjudicando a los alumnos castellanohablantes que obtienen calificaciones mucho más bajas. Debemos pues hacernos las siguientes preguntas: ¿Qué gran desgracia sucedería si se impartiera un 25% de las clases en castellano en una sociedad que es bilingüe? ¿Y qué gran problema tendríamos si a los alumnos de la etapa de Infantil, de 3 a 5 años, se les atendiera en la escuela en la misma lengua que hablan en sus casas? ¿No les sería más fácil a todos ellos aprender? ¿No se mejorarían los resultados de todos?

El principal motivo por el que sus defensores intentan justificar la inmersión lingüística en catalán de los alumnos castellanohablantes es la llamada cohesión social. Sus defensores consideran que si todos hablan la misma lengua habrá más cohesión, sin darse cuenta de que cuando un objetivo se impone a la fuerza, lo que se genera es una aversión de los perjudicados a sus gobernantes y al objetivo que imponen, es decir se perjudica la cohesión social. Mediante las leyes, las campañas publicitarias, las presiones laborales y académicas, la exclusión de la vida social, la cancelación personal, etc., se puede conseguir vencer las resistencias, pero no convencer y por ello, a la larga, padece toda la sociedad. La cohesión social de un país se consigue cuando todos los ciudadanos se encuentran a gusto en él, porque se sienten iguales en derechos y deberes y, debido a ello, están dispuestos a esforzarse por mantener y mejorar su país.

El ensueño de una Cataluña con una sola lengua, una sola cultura y un mismo objetivo político, el de ser un país independiente e incorporar a todas las otras regiones en las que también se habla en catalán es un gran error, porque hay muchos catalanes que siendo buenos ciudadanos, no quieren eso sino simplemente más libertad.

Antonio Jimeno. Presidente del Sindicato de profesores AMES.

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Etiquetas: Antonio JimenoCataluñaeducaciónParlamento Europeo
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