Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que su prioridad absoluta es la supervivencia en la Moncloa, cueste lo que cueste. Tras semanas de tensiones y amenazas de ruptura por parte del PNV, el Ejecutivo central ha claudicado ante las exigencias de los nacionalistas. El precio de esta paz momentánea es, una vez más, el debilitamiento del Estado en favor de una autonomía.
El acuerdo cerrado in extremis con el lehendakari Imanol Pradales supone un hito peligroso para la cohesión nacional. Por primera vez en la historia democrática, una comunidad autónoma gestionará directamente las prestaciones por desempleo. Este movimiento supone un golpe directo a la línea de flotación de la Seguridad Social y al principio de igualdad entre españoles.
La transferencia no es un mero trámite administrativo, sino una cesión de soberanía económica encubierta. El Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, asumirá desde la tramitación y el pago hasta la inspección y sanción de las ayudas. Aunque el Gobierno intente disfrazarlo de gestión técnica, en la práctica se está troceando un sistema que debería ser unitario.
Estamos hablando de una gestión que en el último año movilizó más de 800 millones de euros en territorio vasco. Además de los fondos, el Estado renuncia a su presencia física al entregar 30 oficinas del SEPE y más de 500 empleados públicos.
El PNV ha sabido jugar sus cartas con la maestría habitual, aprovechando la extrema debilidad parlamentaria del PSOE. Los nacionalistas vascos, conscientes de que Sánchez no puede permitirse perder sus votos en el Congreso, han forzado la máquina hasta obtener una competencia histórica. La amenaza de crisis política ha surtido el efecto deseado en Madrid.
Junto a la joya de la corona que representa el paro, el paquete incluye otras cuatro competencias de diversa índole. Materias como el Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar o el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo también pasan a manos de la administración autonómica. Es un goteo incesante de poder que vacía de contenido las funciones del Estado en el País Vasco.
Resulta preocupante el precedente que este acuerdo sienta para el resto de las comunidades autónomas. La gestión de los subsidios por desempleo era una de las últimas barreras que separaban la gestión autonómica de la solidaridad interterritorial. Al romper este equilibrio, el Gobierno de Sánchez abre una puerta que será difícil de cerrar en el futuro ante otros socios.
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