El socialismo ha vuelto a chocar contra la cruda realidad aritmética en el Congreso de los Diputados. La propuesta de ERC para crear un Consorcio de Inversiones, piedra angular del pacto que llevó a Salvador Illa a la Generalitat, ha sido fulminada antes de nacer. El bloque de la investidura se desmorona ante la incapacidad del Gobierno para controlar a sus socios de conveniencia.
La derrota parlamentaria supone un varapalo directo a la credibilidad del PSC y del PSOE. Ambos partidos vendieron este ente compartido como la solución definitiva al déficit de infraestructuras en Cataluña. Sin embargo, la maniobra ha quedado expuesta como un simple artificio burocrático carente de apoyos reales. El «efecto Illa» no parece cruzar el Ebro con la fuerza que prometían.
Junts ha liderado el rechazo junto a PP, Vox y el PNV, dejando a los socialistas en una minoría humillante. Míriam Nogueras fue implacable al calificar la propuesta como un intento de mantener el control de las inversiones bajo el yugo de Madrid. La formación de Puigdemont se niega a aceptar lo que consideran «chiringuitos» diseñados para maquillar la falta de ejecución presupuestaria del Estado.
El papel de los republicanos en esta votación ha sido el de un actor secundario que ve cómo sus acuerdos se convierten en papel mojado. ERC intentó forzar una estructura que Junts desprecia por considerarla una «coartada» para aprobar las cuentas catalanas. La fragilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez es hoy más evidente que nunca, supeditado a los caprichos de partidos enfrentados entre sí.
Resulta llamativo el desmarque del PNV, que ha preferido alinearse con la derecha y los posconvergentes antes que avalar el invento socialista. Esta suma de votos heterogénea confirma que el Gobierno no tiene una hoja de ruta clara, sino un parcheado constante que falla a la primera de cambio. La gobernabilidad de España sigue siendo un rehén de la inestabilidad permanente.
El proyecto que ha fracasado preveía la creación de un consorcio paritario entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, con una sociedad mercantil propia con la atribución de licitar obras y elaborar planes plurianuales. También podría aplicar medidas correctoras si se diera el caso de que no se ejecutara, al menos el 95%, de las inversiones aprobadas.
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