La designación y continuidad de Juliana Canet como presentadora en la radio pública de la Generalitat es una decisión que dice mucho del rumbo que ha decidido tomar Salvador Illa al frente del Govern. Canet, conocida por sus posiciones abiertamente separatistas y por sus declaraciones en las que ha llegado a justificar la violencia política durante los disturbios de Barcelona de hace unos años, no representa el espíritu de una comunicación pública plural ni el respeto a todos los ciudadanos de Cataluña.
Resulta incomprensible que un dirigente que se presenta como moderado y defensor del reencuentro mantenga en un espacio público a una figura que ha hecho bandera de la confrontación. Los medios públicos deben servir para unir, informar y reflejar la diversidad ideológica de una sociedad, no para amplificar mensajes excluyentes o que ridiculizan a quienes piensan diferente.
Juliana Canet no es una comunicadora neutral. Sus intervenciones en redes sociales y programas anteriores han estado marcadas por una hostilidad constante hacia España, el rechazo del castellano y la promoción de un discurso identitario que divide a los catalanes entre “buenos” y “malos”. Que su voz siga teniendo un altavoz en la radio pública financiada por todos es una decisión política, no un accidente.
Su recientes declaraciones atacando a la Escolanía de Montserrat por cantar en castellano junto a Rosalía son una muestra más de su continua hispanofobia. No olvidemos que el castellano no solo es lengua oficial en Cataluña, además es la más usada por los catalanes. Este tipo de declaraciones atacan a la mayoría de los ciudadanos que le pagan el sueldo.
Illa había prometido recuperar la confianza en las instituciones catalanas y cerrar la etapa de la manipulación partidista en los medios públicos. Sin embargo, mantener a figuras que han despreciado abiertamente a una parte de los ciudadanos contradice ese propósito. La neutralidad institucional no se predica: se demuestra con hechos.
El problema no es solo Juliana Canet, sino lo que simboliza. Su presencia en antena consolida la idea de que los medios públicos de la Generalitat siguen siendo una herramienta ideológica, en lugar de un servicio al ciudadano. Y esa es una herencia del procés que Illa, si de verdad aspira a representar a todos, debería haber cortado de raíz.
Cada euro que financia esa radio procede de los impuestos de todos los catalanes: independentistas, constitucionalistas, castellanohablantes y catalanoparlantes. Es inaceptable que ese dinero se utilice para promover discursos de exclusión o justificar episodios de violencia política. La libertad de expresión es un derecho, pero la neutralidad del servicio público es una obligación.
Illa ha perdido la oportunidad de enviar un mensaje claro de regeneración. Ha preferido mantener los equilibrios con el separatismo mediático antes que garantizar que la radio pública sea un espacio de respeto y convivencia. En tiempos de polarización, esa tibieza no es prudencia: es complicidad activa.
Si el nuevo Govern quiere ser creíble, debe demostrarlo también en la gestión de los medios públicos. No se puede construir un futuro común sobre la voz de quienes han hecho de la división y el desprecio a España su marca personal. Los ciudadanos merecen una radio pública que los una, no que los insulte.
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