La consulta ilegal del 1 de octubre es la penúltima escena del esperpento en el que se ha convertido el proceso secesionista. Recientemente se ha hecho pública la anulación del concurso para la compra de urnas. La mesa de contratación habilitada por el Departamento de Gobernación para homologar a posibles empresas interesadas en proveerlas al Gobierno catalán decidió dejar desierto el concurso abierto el pasado mes de mayo, después de acreditar que ninguna de las dos firmas interesadas reunía los requisitos asociados a la “solvencia técnica”.
La consejera Munté, que está siendo investigada por la justicia por el proceso de compra de las urnas, ha dicho que el concurso ha quedado desierto debido a las “garantías” exigidas, declaraciones a medio camino entre lo ridículo y lo patético. Ante la firme actuación del Estado, que al fin parece tener voluntad que se cumplan las leyes en Cataluña, ninguna empresa solvente ha querido participar para evitar acciones de la Justicia. En un país democrático solo hay una legalidad, la que emana de la soberanía nacional representada en el Congreso de los Diputados. Y esa es la que se ha de respetar.
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