Revolcón judicial para los que intentan arrinconar al castellano en las escuelas catalanas y esquivar la sentencia que obliga a que al menos el 25% de las clases sea en la lengua común.
El Tribunal Supremo ha ratificado la decisión del TSJC de anular los proyectos lingüísticos de dos centros educativos públicos de Barcelona y Abrera porque no tienen en cuenta el castellano como vehicular. El Govern separatista recurrió la decisión del TSJC al considerar que los padres no tenían legitimidad pero el Supremo no lo admitió e impuso 1.000 euros de costas a la administración catalana.
El TSJC ya dio la razón a la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) que remarcó la obligatoriedad constitucional de que se impartiesen asignaturas en las dos lenguas en los centros.
Visto este nuevo revolcón judicial que reciben los que tratan de arrinconar el castellano en las escuelas de Cataluña la AEB exige al Govern independentista que dicte instrucciones para adaptar los proyectos lingüísticos de los centros «al modelo constitucional y reconozcan el castellano y el catalán como lengua vehiculares de enseñanza«.
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