Cataluña reúne todos los requisitos para ser considerada Zona de Especial Singularidad para la Guardia Civil, como ya lo es el País Vasco o Navarra: presión política, hostilidad social en determinados entornos, alto coste de vida, dificultad para atraer personal. Sin embargo, el ministro Fernando Grande-Marlaska se ha negado reiteradamente a esta declaración.
¿Razones presupuestarias? No parece que sea la razón decisiva para negar la Zona de Especia Singularidad, dada la gran generosidad del Gobierno de Sánchez a la hora de gastar dinero público, ahí están los más de 60 millones de euros concedidos por cuatro años de un solo programa de televisión, el de David Broncano en La 1 de TVE. O las continuas cesiones económicas al separatismo.
¿Por qué se niega el Ministerio a concederla? Porque reconocer esa singularidad sería admitir que Cataluña es un destino especialmente complicado para la Guardia Civil, y eso rompería el relato oficial de normalización y convivencia idílica que el Gobierno de Sánchez quiere vender para intentar tapar lo que es una continua cesión a las demandas de los partidos separatistas, una rendición del Estado ante sus enemigos.
La consecuencia de esta negativa a conceder la Zona de Especial Singularidad es clara para los agentes que viven en Cataluña: menos incentivos, menos estabilidad, menos efectivos debido al preocupante número de plazas vacantes sin cubrir. Cataluña se convierte en un destino de paso, en una estación incómoda en la carrera profesional de muchos agentes.
Para muchos guardias civiles, Cataluña es hoy un destino poco deseable. El coste de la vida es alto, los incentivos son bajos, el reconocimiento institucional es escaso. El resultado es una falta de vocaciones para destinos catalanes, una dificultad para cubrir plazas y una pérdida de experiencia acumulada.
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