Rapiña sacra. Un análisis de la lucha del Gobierno de Aragón para conseguir el retorno de las obras de arte de Sijena

Retengan estos nombres: Lluís Plandiura, José Meseguer, Josep Miralles, Josep Gudiol y Ramón Malla. Y estos adjetivos: ladrón de guante blanco, expoliador, conseguidor, oportunista y aprovechado. Esto que leen es un relato periodístico, basado en documentación histórica, hechos reales y probados, y sentencias judiciales y vaticanas sobre los conflictos que enfrentan a Aragón y Cataluña por el arte sacro. Tres, son tres procesos diferentes aunque forman un revolutum bajo el epígrafe de Sijena.

Durante ocho siglos, las iglesias del Aragón oriental permanecieron bajo la adscripción de Lérida. Fue la consecuencia de un largo enfrentamiento entre los obispos de Huesca, Lérida y Roda de Isábena por los bienes terrenales, pues a mayor proporción de tierras más poder político. Jaime I zanjó el asunto desplazando a la órbita eclesiástica del Condado de Cataluña una buena porción del Reino de Aragón: 112 parroquias, amén de conventos, monasterios y ermitas.

Entre 1889 y 1923 los obispos Meseguer y Miralles las arrasaron literalmente: el primero requisando para “su custodia” lo más extraordinario del arte medieval, porque los aragoneses eran unos cazurros ignorantes, incapaces de guardar sus tesoros. El segundo mercadeando con el coleccionista barcelonés Plandiura, que llegó a atesorar 1.869 obras de arte en su palacete. Un día entró la Policía y se llevó parte de ese botín al Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Para frenar semejante saqueo, las autoridades oscenses lograron en 1923 que el Real Monasterio de Sijena, tercer panteón de la Casa Real de Aragón, fuera declarado Monumento Nacional, de forma que todo lo expoliado y vendido desde esa fecha es ilegal. Es por ello que el retablo gótico de la Virgen del Comendador, vendido en 1918 y expuesto en el MNAC, no puede ser reclamado por Aragón, como tantas otras obras dispersas por medio mundo. Pero sí todo lo esquilmado desde esa fecha. Por ejemplo, los frescos de la Sala Capitular de Sijena.

Este es uno de los tres conflictos. Los frescos fueron arrancados mediante la técnica italiana de L´Strappo, una técnica que ya había aplicado Plandiura en 1919 para arrancar los murales de Santa María del Mur (comarca del Pallars Jussá), por los que el Museo de Boston, donde se exponen, le pagó 92.100 dólares. Los de Sijena fueron arrancados en 1936 por Josep Gudiol i Ricart, un arquitecto que fue castigado tiempo después retirándole la licencia de por vida. Atentos a esta cronología: en abril de 1936 Gudiol visita Sijena para hacer fotos, muchas fotos.

En julio, una columna de anarquistas procedente de Barcelona asalta e incendia el monasterio, y los vecinos de Sijena logran salvar de las llamas valiosísimas obras que van apilando en la plaza del pueblo. Aún hay testigos vivos de esta hazaña. En septiembre vuelve Gudiol, arranca los frescos y los lleva al MNAC, donde siguen expuestos a la espera de un recurso ante el Supremo, pues una sentencia judicial obliga a devolverlos a su lugar de origen.

Segundo conflicto: la venta de obras a la Generalitat, el proceso que se acaba de cerrar de forma incompleta porque se han “perdido” tres importantes piezas. En 1969, aprovechando unas obras para reparar las heridas de guerra que había sufrido el monasterio, el obispo de Lérida, Ramón Malla, recluye a las monjas de Sijena en el convento barcelonés de Valldoreix al tiempo que envía dos camiones al monasterio para desnudarlo del todo. La priora, Angelita Opi, no debía fiarse mucho del obispo porque se llevó consigo las piezas del belén, auténticas joyas de las que solo se ha recuperado la cuna, que fue requisada por la Policía cuando iba a ser subastada recientemente en Barcelona. Pero la monja Opi murió poco tiempo después de llegar a Valldoreix y la priora de este convento, doña María Inés, vendió a la Generalitat todo lo que Malla había sacado del convento: las 44 piezas que se quedaron en el museo de Lérida y las 53 que fueron a parar al MNAC.

Fue una compraventa ilegal, un contrato privado del que Aragón no tuvo noticia hasta 1995. El Gobierno aragonés intentó ejercer el derecho de retracto y ofreció a la Generalitat los 45 millones de pesetas que había desembolsado a las monjas, pero las autoridades catalanas blindaron el arte sacro aragonés mediante una ley que establece que el Catálogo del Patrimonio Cultural de Cataluña no puede ser disgregado. La reclamación de Aragón se amparaba en una resolución de la Unesco: “El patrimonio debe regresar a su lugar de origen si es reclamado”. El mismo criterio que se aplicó con el Archivo de Salamanca: “El derecho de restitución prevalece sobre la unidad de archivo”. Pero no hubo forma ni entendimiento, y tras más de veinte años de pleitos la Justicia logró desblindar los bienes de Sijena comprados por la Generalitat. El MNAC devolvió en julio 51 de las 53 piezas que tenía en su poder, pero no el Museo de Lérida, de donde fueron sacadas el lunes día 11 por orden del juzgado.

¿Y cómo se entera Aragón de esa venta privada e ilegal? Pues porque en 1995 la Santa Sede segrega las 112 iglesias del Aragón Oriental que estaban adscritas al obispado de Lérida y las transfiere al de Barbastro-Monzón, recién constituido después de muchos años de lucha de los oscenses contra la rapiña de los distintos obispos leridanos.

Y aquí tenemos el tercer conflicto, porque los obispos de Lérida (y van cuatro desde entonces) se han negado reiteradamente a cumplir las distintas sentencias de los tribunales vaticanos (el de la Rota y el Supremo) que obligan a devolver a las iglesias oscenses todo lo usurpado por Meseguer y Miralles. Durante su mandato como obispo de Barbastro, Juan José Omella, actual arzobispo de Barcelona, se las vio y se las deseó con el de Lérida, Xavier Ciuraneta, que se atrincheró en su negativa a devolver los bienes, gracias al apoyo económico brindado por la Generalitat para pleitos, estimado en 350.000 euros. Este conflicto ya ha agotado la vía eclesiástica, por cuanto la Santa Sede no ha castigado por desacato a ninguno de los obispos implicados. Queda la civil, pero para ello el obispado de Barbastro, muy reticente hasta la fecha, debería ceder temporalmente la propiedad de los bienes a las autoridades aragonesas.

En el limbo administrativo quedan aún extraordinarias piezas como el altar de Berbegal, ejemplar único del llamado arte de 1200, una de las joyas del museo de Lérida que Meseguer se llevó “en concepto de depósito para su perfecta conservación y custodia”. En depósito, así está escrito, aunque la conservadora del museo dice que fue una donación de la iglesia “porque no se utilizaba”. Como los frontales de San Vicente de Tresserra y San Hilario de Buira, en la Ribagorza. Como las pinturas murales de Bierge, que fueron arrancadas en 1949 por los hermanos Gudiol sin más permiso ni licencia que el favor del primo de ambos, Durán Gudiol, canónigo archivero de la catedral de Huesca. El propio canónigo vendió al Museo de Barcelona uno de los laterales por 110.000 pesetas, según el abogado Jorge Español.

En ninguno de los tres procesos ha pivotado la revancha, la ideología o la confrontación política por parte de Aragón; solo el sentimiento territorial y la permanente humillación de ser tratados, desde el obispo Meseguer al actual director del museo de Lérida, como unos paletos ignorantes.

Por si alguien juega a las adivinanzas: si entre 1936 y 1939 ardieron la mayoría de iglesias, monasterios y conventos catalanes, ¿cómo se explica que el Museo Nacional de Arte de Cataluña tenga la más completa colección de románico del mundo? Por si alguien lo ignora, la maravillosa portada románica de San Martín de Lérida fue arrancada piedra a piedra de la iglesia oscense de El Tormillo por orden del obispo Meseguer, que en su gloria esté.

Un análisis de Lola Ester

 

 

no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya ni de otros organismos públicos.
Si quieres leer nuestras noticias necesitamos tu apoyo.

DONA

Recibe las noticias de elCatalán.es en tu correo