El artículo 92.1 de la Constitución española prescribe textualmente que «las decisiones políticas de especial trascendencia, podrán ser sometidos a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Para desplegar este precepto constitucional, el presidente de VOX Santiago Abascal, ofreció a la sociedad española en su discurso del VIVA22, celebrado el pasado 9 de octubre, el documento programático «España decide» que ofrece una mayor y mejor democracia a todos los españoles.
El ofrecimiento pretende una expansión del texto constitucional, y un enriquecimiento del sistema político español, haciéndolo más democrático y participativo. Evidentemente en cualquier país, cuantas más veces se consulta a la población sobre temas que les afectan directamente, la calidad democrática crece exponencialmente. Un modelo de este sistema lo encontramos en Suiza donde regularmente se realizan consultas con varias preguntas en cada una de ellas.
Desde hace unos años, la política española ha venido determinada por la imposición legislativa de leyes redactadas por socios del Gobierno, que haciendo uso de su efímera mayoría parlamentaria, han conseguido la aprobación de leyes ideológicas que son ajenas al deseo de los españoles, redactadas por personas dominadas por ideologías perniciosas en materia económica, social, climática y de género entre otras, que han dado un pésimo resultado en los países donde se han implantado.
Para librarnos de esta imposición dogmática, se podría preguntar a los españoles si quieren que el Estado recupere competencias en materia de educación y de justicia, o si queremos seguir dependiendo de naciones hostiles o explorar nuestros propios recursos energéticos, o si queremos subvencionar a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, o la ilegalización de partidos separatistas que quieren destruir la unidad nacional, o si queremos limitar los flujos migratorios, o implantar un Plan Nacional del Agua para distribuir equitativamente los recursos hidráulicos. Se trata en definitiva que temas importantes de la política española, estén regidos por el sentido común y por la opinión mayoritaria de los españoles.
Los catalanes tenemos una dilatada experiencia de lo que se ha denominado por activa y por pasiva el «derecho a decidir», pero para los separatistas el derecho a decidir supone votar solo sobre aquello que ellos previamente han decidido que se debe de votar. El referéndum que propugnaban los partidos políticos de la Comunidad Autónoma Catalana, llevaban implícito una opresión de millones de catalanes, mientras que el derecho a decidir que propugna VOX, supone una liberación de la casi totalidad de los españoles, que se han visto sometidos a un llamado «consenso progre» que se ha traducido en la toma de unas decisiones, que como dijo Santiago Abascal en su intervención parlamentaria del 13 de octubre, «han omitido muchos disensos populares ahogados en el silencio».
Se trata en definitiva de constatar el deseo de los españoles, para dar su aprobación sobre temas trascendentes que van a determinar su futuro.
¡Volem votar! ¡Votarem, votarem, votarem!
Juan Carlos Segura Just. Diputado al Congreso GPVOX
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