La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua, ha alertado por carta al comisario Didier Reynders del pacto que ha reconocido Pere Aragonès con el Gobierno de Pedro Sánchez para burlar las sentencias del Supremo sobre el 25% y le ha reclamado que la Comisión Europea actúe ya.
Pagaza se ha dirigido al comisario europeo de Justicia tras las graves afirmaciones del presidente de la Generalitat en TV3 y antes de la reunión anunciada por Aragonès con Reynders el próximo día 20 de octubre en Bruselas. “¿Qué medidas va a tomar a nivel europeo ante estas nuevas revelaciones? Y en su encuentro con Aragonès, ¿piensa reivindicar la aplicación de las sentencias judiciales firmes también en el territorio catalán para así proteger los derechos de las familias que reclaman una educación en español?”, le plantea al comisario.
La eurodiputada se ha dirigido en varias ocasiones a Reynders para denunciar la inacción del Gobierno ante los ataques al Estado de Derecho en Cataluña, “pero ahora tenemos las pruebas”. «Ha habido una concertación política a favor del desacato de sentencias y contra el imperio de la ley que implica discriminación manifiesta por razones de lengua”, afirma en su carta.
Aragonès reconoció en la entrevista que acordó con el Gobierno de Pedro Sánchez que éste no recurriese ante el Tribunal Constitucional las leyes catalanas que burlan las sentencias confirmadas por el Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de clases en español. El pacto alcanza también a otras sentencias graves, por malversación de fondos, por los hechos acaecidos el 1-O. Según Aragonès, se trabaja en modificaciones legislativas que se aprobarán antes de fin de año y que incluirán el delito de sedición.
Estas declaraciones revelan comportamientos contrarios a los deberes tanto del presidente del Gobierno como del de la Generalitat, “su confianza, profesionalidad y responsabilidad quedan afectadas y comprometidas”, afirma Pagaza. Mientras esto es así, en Cataluña se viola el derecho a la igualdad de trato, a la educación, la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de asociación y la libertad de cátedra. “Una situación cronificada después de 40 años de gobiernos independentistas que está tomando, de forma paulatina, naturaleza sistémica”, agrega.
Pagaza le recuerda a Reynders en su carta las palabras que él mismo pronunció en su reciente visita a Madrid: es el Estado el que debe garantizar que se cumplan las sentencias pero de no ser así, “quizás haya que empezar con una advertencia en el informe del Estado de Derecho y ver qué pasa, pero de momento son las autoridades nacionales las que tienen que garantizar una aplicación correcta de las sentencias adoptadas por los tribunales”.
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