El prófugo Carles Puigdemont; el jefe de su oficina como ex presidente de la Generalitat, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por unos presuntos delitos de malversación y prevaricación.
Los querellantes aseguran que «arbitraria, estrafalaria e injusta» la apertura de una pieza separada ordenada por el juez Aguirre sobre la supuesta trama rusa del ‘procés’ separatista y exigen como medida cautelar el cese provisional del magistrado en dicha investigación y que atribuye a Alay, Boye y Puigdemont un presunto delito de traición que no estaría incluido en la Ley de Amnistía recientemente aprobada en el Congreso.
La defensa del prófugo Puigdemont argumenta que la constitución de esta nueva pieza separada para continuar con la investigación del caso «es un gasto ilícito para las arcas públicas» y «absolutamente injustificado», y consideran que puede constituir un delito de malversación debido a la «caprichosa y arbitraria voluntad del magistrado de investigar unos hechos que nunca han tenido caracteres de delito y condenados al sobreseimiento».
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