La discutible actuación de los Mossos d’Esquadra en las concentraciones masivas tras las detenciones de altos cargos de la Generalitat, en no hacer lo posible para impedir la consulta del 1 de octubre y el día de la huelga general comienza a pasarle factura institucional.
El TSJC ha demostrado que no confía en su lealtad, y ante la posible proclamación de una DUI, han confiado el mando de la seguridad del edificio que aloja a este alto Tribunal a la Policía Nacional, cuyos agentes compartirán con los Mossos la vigilancia y la custodia de sus dependencias.
A los Mossos le ha costado años ganarse el respeto de las instituciones del Estado y de la mayoría de la ciudadanía. Y en unas semanas, gracias a la acción del consejero Forn y el ‘major’ Trapero están dilapidando esta confianza. Las injerencias partidistas en una materia tan sensible como la seguridad ciudadana acaban pasando factura.
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