Plataforma per la Llengua o la violación de los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes

Plataforma per la Llengua dedica buena parte de su actividad a señalar en redes sociales a comerciantes, camareros o dependientes que se expresan en español, señalándolos como si con ello violasen algún derecho lingüístico. Este énfasis en la denuncia ciudadana individual sugiere más una lógica de delación que una política de normalización lingüística en plural, lo que genera fuertes críticas en cuanto a libertad de expresión y convivencia lingüística. España es un Estado con al menos dos lenguas oficiales en distintas comunidades, y hablar en español no puede, en ningún caso, ser ilegal, ni motivo de sanción social real.

La idea de que alguien pueda sentirse legitimado para reprochar públicamente a una cajera por contestar en español ante la simple petición en catalán demuestra hasta qué punto algunas prácticas de esta asociación cruzan el límite de lo razonable. Señalar al empleado de un comercio por usar su lengua habitual no solo es éticamente cuestionable, sino que también incide directamente en el clima de intimidación lingüística, en donde la lengua se convierte en símbolo de identidad pero también de conflicto. Y más grave todavía si esa presión va acompañada de un discurso moralizador y de superioridad.

Plataforma per la Llengua también gestiona un registro de quejas lingüísticas que ha crecido de forma constante en los últimos años: miles de casos cada año, según sus propios informes, relativos a supuestas vulneraciones de derechos lingüísticos tanto en servicios públicos como privados. El crecimiento de esas denuncias se presenta por la entidad como prueba de la emergencia lingüística del catalán. Pero lo que no siempre se explica es si esos casos obedecen realmente a un incumplimiento normativo, o si en cambio responden a expectativas sociales o a tensiones identitarias profundas que deberían moderarse, no amplificarse mediante la denuncia pública.

Otra de las cuestiones polémicas es que esta asociación recibe importantes subvenciones públicas –especialmente de la Generalitat– para desarrollar sus campañas de señalamiento lingüístico, sus estudios, sus guías de denuncia, su plataforma de quejas, e incluso acciones de presión social sobre quienes no hablan catalán. Es decir, fondos públicos que se destinan en gran medida a fiscalizar lingüísticamente comportamientos personales o cotidianos, cuando ese tipo de fiscalización debería ser al menos muy cuidadosamente medida para no generar discriminación inversa ni tensiones sociales.

Cuando una entidad patrocinada por dinero público adopta prácticas que consisten en señalar personas comunes o comercios ante la opinión pública, se cruza una frontera peligrosa en una democracia plural. La acción social debe combinar promoción positiva y educación, no necesariamente sanción social ni delación mediática de individuos que hablan español, lengua oficial del Estado.

Quienes defienden estas tácticas alegan que son necesarias para corregir la invisibilidad o la marginación del catalán en ámbitos comerciales, administrativos, sociales. Pero gran parte de la sociedad percibe esas actitudes como coercitivas o como una imposición simbólica innecesaria. En lugar de recaer en imponer el catalán por obligación social, sería más saludable reforzar su uso mediante incentivos, educación, cultura, medios de comunicación, sin que haya necesidad de vigilantes lingüísticos informales.

El discurso se enreda aún más cuando hablamos de derechos lingüísticos constitucionales: la Constitución española reconoce el castellano como lengua oficial del Estado, y garantiza que todos los españoles tienen el derecho de usarlo. En ese marco legal, ninguna persona puede ser perseguida, sancionada ni señalada por hablar en español. Que Plataforma per la Llengua lo olvide o lo minimice lleva a una contradicción entre la normativa y sus prácticas sociales de presión.